La determinación del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito, sobre el caso de las compañeras reporteras de Enlace Noticias detenidas en 2023, sin causa alguna, recluidas y torturadas por elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros y posteriormente acusadas de alterar el orden público, constituye un paso firme en la lucha por lograr justicia para las víctimas, y castigo para los culpables materiales e intelectuales de los hechos violatorias de los derechos fundamentales de las afectadas, con el agravante de violar los derechos de las mujeres.
La noche del 10 de marzo, después de cubrir la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dos compañeras reporteras de Enlace Noticias y otras jóvenes participantes en esta conmemoración, fueron detenidas por la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros sin razón alguna; fueron aisladas en una subdelegación de policía, desnudadas, torturadas, amenazadas y, al final acusadas de alterar el orden público. Uno de los elementos afirmó que seguían órdenes de “la jefa”, en referencia a la entonces alcaldesa de Izúcar Irene Olea Torres.
El caso fue denunciado, primero ante la Fiscalía estatal; después, dado los delitos tipificados, considerando la privación ilegal de la libertad de las reporteras, la tortura, la violación de los derechos de la mujer y el abuso de autoridad, el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, inició las investigaciones que incluyeron visita a los lugares donde ocurrieron los hechos, entrevistas a los indiciados y a las autoridades, revisión de los reportes del caso, entre otras diligencias.
Reunidas las pruebas, la Fiscalía puso el caso en manos de una jueza del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla. En la última audiencia, concluida el 12 de julio de 2024, la autoridad judicial decretó medidas cautelares NO privativas de la libertad, para las seis personas acusadas de abuso de autoridad y tortura.
De este modo, los indiciados quedaron en libertad, pese a que el delito de tortura es un delito grave. Por esta razón, se apeló la decisión ante un tribunal colegiado.
La determinación, dada a conocer por la jueza encargada del caso por mandato del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito, ordena que los seis indiciados sean recluidos en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla.
Las razones en las que se basaron los miembros del tribunal colegiado son las presentadas por la Fiscalía y muestran el error cometido por la jueza al no dictar la prisión preventiva. Los argumentos aceptados por el Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito son los riesgos que representa mantener en libertad a los indiciados: riesgo de fuga, riesgo de obstaculización del procedimiento y el riesgo que esto representa para los testigos y las víctimas.
¿Y los autores intelectuales?
La decisión del tribunal de apelación constituye un paso importante para lograr la justicia para las víctimas y el castigo a los agresores. Sin embargo, hasta la fecha los procesados son funcionarios menores, trabajadores que reciben órdenes y actúan de acuerdo con lo dispuesto por sus superiores. Es evidente que no actuaron por cuenta pŕopia; lo expresado por uno de ellos lo demuestra: “por órdenes de la jefa”.
Las razones de la Fiscalía aceptadas por el tribunal colegiado no son únicamente una posibilidad, son reales y la primera muestra de ello fue el asesinato de María del Socorro Barrera, ex policía y encargada de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en el municipio de Izúcar, y testigo clave en el caso, el 20 de junio de 2024.
Además, la decisión de la jueza ha puesto en riesgo las evidencias del caso y hasta hoy seguía siendo un riesgo para las víctimas y los demás testigos.
La justicia ha sido lenta; primero, por el error de la juzgadora al no determinar la prisión preventiva; después, por el paro nacional del Poder Judicial de la Federación que detuvo todos los procesos, incluyendo el iniciado por el Tribunal Colegiado de Apelación.
Pero, además de todo esto, sigue pendiente la respuesta a la pregunta: ¿quién ordenó la detención, reclusión y tortura de las compañeras reporteras y las otras víctimas? ¿A qué mandos obedecieron los policías implicados y el juez calificador que ejercía sin cubrir los requisitos que el cargo demanda? ¿A quién se refirió el policía para argumentar que era órden de “la jefa”?
Los ejecutores de las órdenes deben responder de sus actos, eso es evidente; sin embargo, también debe responder de esas acciones quienes las ordenaron, las justificaron o encubrieron. Hasta ahora, los autores intelectuales permanecen libres, no han sido imputados de delito alguno; pero ahí están, son quienes dieron la orden de seguir a las periodistas con una patrulla con las luces apagadas, de encerrarlas en una subdelegación; son quienes les dieron manos libres para amenazar, torturar, acusar sin fundamento y de cobrar una multa que no tenía justificación.
La justicia avanza en el caso de las reporteras y otras jóvenes sometidas por policías municipales de Izúcar de Matamoros; pero ellos son la base de la pirámide, son los que siguen órdenes; faltan los que dieron esas órdenes. La justicia debe también recaer sobre ellos.
Un Papa norte y sudamericano
“Quien entra Papa, sale cardenal”, reza un refrán aplicado a la elección de la cabeza visible de la Iglesia Católica, y eso sucedió en el cónclave celebrado los días 7 y 8 de mayo en la Ciudad del Vaticano. Los vaticanistas, los periodistas y hasta los apostadores, tenían candidatos.
Más de una docena de cardenales fueron calificados como papables. Pero llegó quien nadie tomó en cuenta: Robert Francis Prevost Martínez, un cardenal estadounidense, fraile agustino, misionero y obispo en Perú y desde 2023 responsable del Dicasterio de los Obispos; es decir, el que presenta al Papa las candidaturas para nombrar obispos en todo el mundo.
Dos aspectos son destacables en el nuevo pontífice. El primero es el nombre adoptado: León. De los 13 Papas que ha habido con ese nombre, el primero y el último son destacados. El primero, León Magno, reformador de la Iglesia en la Edad Media, y el segundo, León XIII, el primer Pabajadores frente al capitalismo de finales del siglo XIX.
El segundo es su trayectoria. En la orden agustiniana fue superior provincial en su país natal, y superior general de toda la Orden de San Agustín. Primero como fraile misionero y después como obispo, sumó 40 años de vivir en Perú y trabajar en las regiones pobres de ese país andino.
Hoy León XIV sin duda avanzará en las reformas a una Iglesia que enfrenta los grandes retos del siglo XXI. Tendrá su propio estilo, no esperamos un Papa que imite los gestos de Francisco, pero sí que, como sus predecesores Juan XXIII, Paulo VI y Francisco, mantenga abiertas las puertas de la Iglesia y sepa responder a los retos actuales y futuros.
