-Gobierno de Merino enfrenta cuestionamientos por cifras criminales manipuladas.
Juan Rubio / Epatlán, Pue.
En medio de una aparente reducción de delitos en Epatlán, Puebla, bajo la administración del presidente municipal Raúl Merino (2024-2027), surgen evidencias que desmontan la narrativa oficial. Las cifras difundidas, basadas únicamente en denuncias registradas, ocultan una realidad alarmante: la caída en carpetas de investigación refleja desconfianza ciudadana hacia las autoridades, no una disminución real de crímenes. A esto se suman denuncias por presuntos abusos de servidores públicos ligados a Merino.
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, la Fiscalía General del Estado abrió solo 12 carpetas de investigación en Epatlán, cifra inferior a las 16 registradas en el mismo periodo de la administración anterior (2021-2022). Sin embargo, expertos y víctimas advierten que la baja no se debe a una mejora en seguridad, sino al colapso de confianza en instituciones municipales y judiciales. Delitos graves como homicidios, robos, fraudes y despojos persisten, pero las víctimas evitan denunciar por temor a represalias o impunidad.
La situación se agrava con denuncias contra funcionarios de la actual administración. Durante su gestión previa (2015-2027), Merino ya enfrentó señalamientos por abusos de autoridad. Uno de los casos más graves ocurrió cuando policías municipales detuvieron ilegalmente a un trabajador confundido con un presunto secuestrador. El hombre, inocente, fue trasladado a la comandancia y liberado sin disculpas tras comprobarse su inocencia. El hecho, documentado en video por la víctima, reveló prácticas arbitrarias que el gobierno intentó ocultar.
Además, empleados del ayuntamiento denunciaron que Merino obligó a trabajadores a aportar dinero de sus salarios —ya de por sí inferiores al mínimo— para financiar una fiesta comunitaria. Una circular interna respalda las acusaciones, evidenciando coerción institucional. Estos hechos, según abogados locales, podrían configurar delitos como abuso de funciones y violación a derechos laborales.
La administración de Merino enfrenta un doble desafío: recuperar la credibilidad ciudadana y responder a las acusaciones de opacidad y abuso en su gestión. Mientras las cifras oficiales pintan una falsa tranquilidad, organizaciones civiles exigen transparencia y mecanismos independientes para medir la inseguridad.
