Tepeojuma volvió a ser escenario de un hecho violento este miércoles 28 de mayo, cuando un hombre de aproximadamente 40 años de edad, identificado como Juan N., fue ejecutado a balazos en plena vía pública, en el callejón Aldama de la colonia San Francisco. El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas, y pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, la víctima fue declarada muerta en el lugar. Hasta el cierre de esta edición, no hay detenidos ni indicios sobre el móvil del crimen.
Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos que han marcado al municipio en los últimos meses, y que han evidenciado la incapacidad de las autoridades para contener la violencia. A pesar del despliegue de fuerzas federales anunciado por el presidente municipal, Gustavo Sánchez Martiñón, los homicidios continúan en aumento, generando miedo, indignación y un profundo sentimiento de abandono entre los habitantes.
El homicidio de Juan N. no es un hecho aislado. El pasado 1 de febrero, un trabajador de la empresa Sky fue ejecutado a tiros en la misma colonia. Tampoco hay avances en ese caso. En ambos episodios, los agresores actuaron con total impunidad, sin que existan líneas claras de investigación o resultados en las pesquisas por parte de la Fiscalía General del Estado.
El municipio ha vivido una escalada de violencia desde octubre de 2024, cuando apenas dos días después del inicio del gobierno de Sánchez Martiñón, un padre y su hijo fueron asesinados con más de 40 disparos en una gasolinera. Desde entonces, la lista de víctimas ha crecido: civiles, exfuncionarios, trabajadores y figuras políticas han sido blanco de ataques cada vez más audaces, muchos de ellos cometidos a plena luz del día y en espacios públicos.
Entre los casos más graves figura el del exalcalde Manuel Gil García, asesinado en noviembre de 2024 dentro de su propio negocio en el municipio vecino de Chietla. En abril de 2025, Rodrigo Garín Gordillo, excandidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, fue ultimado de un disparo en la cabeza mientras conducía su mototaxi. Su hijo había sido asesinado meses antes frente a una iglesia. Más recientemente, en marzo de 2025, un operativo de la Fiscalía General del Estado terminó en un tiroteo frente a una telesecundaria, sembrando el pánico entre alumnos y maestros.
Aunque el edil Sánchez Martiñón ha atribuido la violencia al crimen organizado y ha solicitado el respaldo de la SEDENA y la Policía Estatal, sus acciones no han logrado frenar los asesinatos. La ciudadanía cuestiona la falta de una estrategia preventiva y denuncia que las respuestas del gobierno municipal son reactivas, tardías y limitadas. “Siempre piden ayuda cuando ya hay muertos”, expresó con resignación un vecino de la comunidad de La Palma.
La creciente violencia en Tepeojuma no solo ha dejado una estela de muertes, sino que ha transformado la vida cotidiana de sus habitantes. Las calles se vacían temprano, los negocios cierran con recelo y las familias viven con temor de convertirse en las siguientes víctimas. Cada nueva ejecución refuerza la sensación de que la ley ha sido desplazada por el poder de las armas.
A medida que los crímenes se acumulan y las autoridades fracasan en dar respuestas eficaces, crece la exigencia de justicia. En Tepeojuma, el silencio oficial contrasta con el clamor ciudadano por seguridad, verdad y castigo para los responsables.
El asesinato de Juan N. es otro capítulo doloroso en una larga secuencia de impunidad. La población exige más que presencia militar: exige resultados, prevención y justicia. Mientras tanto, la violencia sigue marcando el pulso de un municipio que clama por respuestas urgentes.
