-Por presuntos actos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y manejos irregulares de recursos públicos
Said Asael / Tilapa, Pue.
La administración municipal de Tilapa, Puebla, encabezada por Juan José Flores de la Torre, mejor conocido como “El Garrapata” enfrenta uno de sus momentos más críticos: seis regidores y tres funcionarios del Ayuntamiento, todos vinculados al partido Pacto Social de Integración (PSI), están en la mira de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y manejos irregulares de recursos públicos.
Los señalamientos incluyen una larga lista de acusaciones que van desde la aprobación de facturas con sobrecostos hasta el uso de la nómina como botín político y personal. A esto se suma un grave incidente: la presunta retención forzada del tesorero municipal Salvador Pérez Caleco, quien habría sido obligado a firmar un pagaré en blanco por algunos regidores en una oficina del Ayuntamiento.
Los implicados en esta serie de irregularidades son Heriberto Morales Betancourt (Gobernación), Iris Ponce Acevedo (Hacienda), Belén Espinal Escamilla (Salubridad), Paloma Marín Vaquero (Educación), Carlos Alberto Santos (Ecología), Pedro Ángel Salas González (Obras), así como Rubén Vázquez (secretario general), Ignacio “Nacho” Navarrete (director de Obras) y el asesor jurídico Ernesto Palmero, todos con antecedentes cuestionables en otros municipios de la región.
El conflicto se agravó con la destitución de Salvador Pérez Caleco como tesorero y la renuncia del contralor Andrés Domínguez López, en medio de acusaciones sin sustento comprobado y bajo un clima de presión política interna. El tesorero no tuvo tiempo de elaborar la nómina correspondiente a la segunda quincena de mayo, afectando a los trabajadores municipales.
Diversos sectores denuncian que detrás de estas decisiones está el interés de este grupo de funcionarios por imponer a personas afines que encubran presuntas irregularidades en el manejo de recursos y obras públicas. Mientras tanto, el alcalde Juan José Flores de la Torre, también del PSI, guarda silencio ante el caos administrativo que se desata a tan solo siete meses del inicio del trienio 2024–2027.
El caso ya ha captado la atención del Congreso del Estado, así como de las autoridades fiscalizadoras, lo que podría derivar en medidas drásticas, incluida la destitución de los actuales integrantes del cabildo y la instauración de un consejo municipal.
