-Por investigar uso de 898 millones.
En Guerrero, el periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano fue sancionado por el Tribunal Electoral local tras publicar una investigación sobre presuntas irregularidades financieras en la administración de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. La resolución incluyó multas económicas, disculpas públicas obligatorias y la inscripción del comunicador en un registro nacional de sancionados por violencia política de género.
La publicación que desencadenó la sanción apareció en el portal *Acapulco
Trends *, dirigido por Castañeda Arellano, y señalaba presuntos desvíos de hasta 898 millones de pesos durante la gestión municipal de López Rodríguez, particularmente vinculados al manejo de recursos tras el paso del huracán Otis en 2023. La fuente principal de esta denuncia periodística fue un informe de la Auditoría Superior del Estado.
Tras la difusión del reportaje y de diversas publicaciones en redes sociales asociadas al medio, la presidenta municipal presentó una queja formal ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO), alegando que los señalamientos y expresiones contenían elementos que configuraban violencia política en razón de género.
El procedimiento especial sancionador TEE/PES/052/2024 derivó en una sentencia emitida el 20 de agosto de 2024, en la que el tribunal consideró que algunas publicaciones del medio excedían el ejercicio periodístico y afectaban los derechos político electorales de la alcaldesa, específicamente por su condición de mujer.
Como resultado, se ordenó al periodista pedir disculpas públicas durante 15 días consecutivos, publicar un extracto de la sentencia durante 30 días, pagar una multa de 5 mil 657 pesos e inscribirse durante un año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.
Además, se le impuso la obligación de tomar un curso especializado en violencia política de género, así como consultar materiales sobre lenguaje incluyente y perspectiva de género en medios de comunicación. El tribunal advirtió que el incumplimiento de estas medidas implicaría desacato.
Sin embargo, el periodista no cumplió en tiempo y forma con las disposiciones establecidas, por lo que el tribunal impuso una segunda multa de 11 mil 314 pesos. En su más reciente resolución del 15 de julio de 2025, las autoridades apercibieron al comunicador con una posible tercera sanción económica, es ta vez por 22 mil 628 pesos, en caso de que persista el incumplimiento.
El cobro de estas multas será ejecutado por la Secretaría de Finanzas del estado, mientras que la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral local abrió un procedimiento para forzar el pago.
En respuesta, Acapulco Trends emitió un comunicado donde acusó un intento de censura por parte de la alcaldesa y cuestionó la imparcialidad del tribunal. “ La libertad de expresión no es un delito y continuaremos informando con responsabilidad”, señaló el medio, afirmando que la sentencia busca “vulnerar nuestra dignidad y silenciarnos”.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre los límites entre la crítica periodística y la violencia política de género. Organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han advertido que esta figura legal, aunque necesaria para proteger los derechos de las mujeres en política, puede ser utilizada para limitar el derecho a la libre expresión y el ejercicio del periodismo.
Un caso reciente en Hermosillo, Sonora, ilustra estas preocupaciones. Karla Estrella, ciudadana sin cargo público ni actividad periodística, fue sancionada por realizar comentarios críticos en redes sociales contra una diputada federal. La sanción incluyó disculpas públicas por 30 días, capacitación y una multa, además de ser inscrita en el mismo registro nacional de sancionados.
