La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el inicio de un proceso de consulta para elaborar y presentar al Poder Legislativo una reforma electoral que, en palabras de la mandataria, termine con los fraudes, analice la pertinencia de las candidaturas plurinominales, redefina los presupuestos tanto para los partidos políticos como para los procesos electorales, así como la revocación de mandato, entre otras propuestas.
De acuerdo con lo planteado por Pablo Gómez, responsable de esta iniciativa, en octubre se iniciará un proceso de consulta que concluirá en enero. Este sondeo, como lo afirmó la doctora Sheinbaum, se realizará “de manera amplia e incluyente, para conocer la opinión de las mexicanas y los mexicanos, y con ello elaborar una propuesta de Reforma Electoral”.
En la historia política del México de los siglos XX y XXI, ha habido varias reformas que han buscado perfeccionar la democracia electoral en el país. A partir de 1953, cuando se concedió el voto a las mujeres, un derecho que hasta entonces estaba reservado a los hombres, el país ha avanzado lentamente hacia el perfeccionamiento de su democracia.
Desde 1929, el país estuvo dominado por un solo partido, cuyo nombre cambió tres veces: PNR (1929), PRM (1938), PRI (1946). No fue sino hasta 1963, cuando se abrieron tímidamente las puertas a la oposición, a través de la figura de Diputados de Partido: cinco por cada 2.5 por ciento de la votación, hasta un límite de 20 legisladores.
La primera gran reforma electoral se realizó en 1977, después de que José López Portillo fuera candidato único a la Presidencia de la República. Esa reforma electoral, de carácter constitucional, se orientó al multipartidismo; se legisló sobre el registro de partidos, su financiamiento y su acceso a los medios informativos. Fue entonces cuando obtuvo su registro el Partido Comunista Mexicano.
Esta reforma cambió el número de legisladores. La Cámara de Diputados se conformó, a partir de 1979, por 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional, otorgados a los partidos que obtuvieron menos de 60 diputados de mayoría.
Para el control de las elecciones, se estableció a la Cámara de Diputados como Colegio Electoral, la Suprema Corte para conocer las inconformidades de los candidatos, y el Registro Nacional de Electores, para atender a los ciudadanos.
La segunda gran reforma electoral se realizó en 1986, al final del sexenio de Miguel de la Madrid, cuando el país sufrió la peor crisis económica de su historia, con una inflación de 4 mil 30 por ciento, que provocó la primera caída del PRI.
En esta reforma se cambió la integración de la Cámara de Diputados: 200 diputados de representación proporcional y 300 de mayoría relativa. En la Cámara de Senadores se estableció la renovación del 50 por ciento de legisladores cada tres años.
Algo que traería consecuencias en las elecciones de 1988, fue la creación de la figura de candidaturas comunes, lo que permitía que varios partidos postularan al mismo candidato, y su nombre apareciera en cada uno de los partidos coaligados. Gracias a esta figura se creó el Frente Democrático Nacional, que postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato presidencial.
Se creó la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era el presidente; se integraba, además, por un senador, un diputado y representantes de los partidos políticos, uno por cada 3 por ciento de votos obtenidos en las elecciones.
En 1990 se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE). En él se estableció la forma de financiamiento de los partidos políticos y, lo más importante, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE). Seis años después, este organismo se separaría de la Secretaría de Gobernación para ser totalmente autónomo.
La creación del IFE tuvo como resultado el registro de electores a través de una credencial electoral con fotografía. Para la solución de conflictos se creó el Tribunal Federal Electoral, como un organismo autónomo.
En 1996 se cambió la integración de la Cámara de Senadores: Tres por cada estado, dos de mayoría y uno de primera minoría, además de 32 de representación proporcional. Además, se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial.
Las reformas de 2002 y 2005 establecieron las cuotas de género y el voto en el extranjero, en tanto que la de 2007 prohibió la afiliación corporativa a los partidos, algo usual en el PRI, y estableció controles para campañas y precampañas.
En la reforma electoral de 2014 se estableció la figura de gobiernos de coalición, la reelección legislativa, estableció el primer domingo de junio para la jornada electoral y la toma de protesta del presidente de la república el 1 de octubre; el IFE se transforma en Instituto Nacional Electoral (INE).
Hacia dónde va la reforma
La iniciativa de reforma actual, cuyo proyecto será presentado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en enero de 2026, se anuncia como una gran reforma electoral, con miras a un avance sustantivo en la democracia mexicana.
Ya se han planteado algunas de las líneas de esta reforma: El asunto de los diputados y senadores de representación proporcional. Esto, porque esta figura legislativa ha perdido su razón de ser; de la representación de todas las corrientes políticas, ha degenerado en puestos para dirigentes de partidos y sus allegados.
Hoy padecemos a senadores como “Alito” Moreno, Ricardo Anaya, y Lilly Téllez, que ha convertido el Senado en un circo, y a diputados como Kenia López Rabadán, cuyo gran aporte es su iniciativa de cambiar el nombre oficial del país.
Está en la mesa el tema del financiamiento a los partidos, y el costo tan alto de los procesos electorales. También se ha propuesto el establecimiento de normas claras, que frenen los fraudes electorales; los derechos electorales de los pueblos originarios; el tema de las consultas populares. Entre otros muchos temas a discutirse en estos meses.
El anuncio de esta nueva reforma electoral, ha despertado tanto opiniones a favor, como opiniones que, si bien no son en contra, sí dejan entrever el temor de que sea una reforma a modo, como fueron las anteriores, que más que responder a los reclamos ciudadanos, se realizaron por coyunturas políticas (1977, 1983, 2007, 2014), o presiones externas (1990). Esperemos que la consulta, lleve hacia una reforma electoral que sea un verdadero salto en el perfeccionamiento de nuestra democracia electoral.
