**Por primera vez en la historia, 881 jueces, magistrados y ministros llegaron por voto popular al Poder Judicial**
**La reforma redujo a nueve los ministros de la Suprema Corte, creó nuevos organismos de control y abrió la puerta a sesiones itinerantes en comunidades indígenas**
Michelle Lopez
Información nacional
El 1° de septiembre marcó un punto de inflexión en la vida pública de México. Por primera vez en la historia, juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegaron a sus cargos mediante el voto popular. En total, 881 personas rindieron protesta tras el inédito proceso electoral del 1° de junio, que significó no solo un cambio de nombres, sino una profunda transformación en la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial.
El nuevo modelo trajo consigo la renovación completa de los órganos jurisdiccionales: desde las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta la creación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal. La máxima atención, sin embargo, estuvo puesta en los nueve ministros de la Suprema Corte, cuyo número se redujo tras la reforma impulsada en 2024.
Entre ellos destacó Hugo Aguilar Ortiz, jurista indígena y el ministro más votado en la elección, quien asumió la presidencia de la Corte. Aguilar no tardó en enviar señales: anunció que los ministros reducirían sus salarios para quedar por debajo del sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en acatamiento al artículo 127 constitucional. Con ello, el ingreso bruto mensual de los ministros se fijó en 191 mil 656 pesos, frente a los 191 mil 846 de la mandataria.
El gesto fue celebrado por Sheinbaum, aunque las prestaciones todavía mantienen a los togados con ingresos netos superiores a los de la presidencia. Aun así, Aguilar marcó distancia con sus antecesores: anunció la cancelación de seguros médicos mayores y de jubilación anticipada, medidas que, dijo, generarían ahorros millonarios al erario.
Un nuevo reglamento y una Corte más cercana
La Corte estrenó además un nuevo reglamento de sesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación. El documento estableció que el Pleno sería el único órgano deliberativo, desapareciendo la Primera y Segunda Sala. De esta manera, todos los asuntos, desde controversias constitucionales hasta casos laborales, serán discutidos en conjunto.
La reorganización incluyó reglas inéditas: límites de tiempo en los debates, prohibición de interrupciones y, sobre todo, la posibilidad de celebrar sesiones itinerantes en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. Con ello, el tribunal más alto del país buscó acercar sus decisiones a la ciudadanía y reconocer la diversidad cultural de México.
Las primeras sesiones ordinarias fueron programadas para el 11 de septiembre, con proyectos de resolución ya elaborados por las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes conservaron sus cargos tras el proceso electoral.
La agenda semanal quedó dividida por materias: lunes y martes para controversias constitucionales y derechos humanos; miércoles para asuntos penales y civiles; y jueves para casos administrativos y laborales. Además, se acordó que los proyectos de sentencia se hicieran públicos para dar mayor transparencia.
Los organismos que cambiaron la justicia
La reforma judicial no se limitó a la Corte. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tomó el lugar del Consejo de la Judicatura Federal con la encomienda de investigar y sancionar las faltas de jueces y magistrados, un cambio estructural que busca garantizar mayor vigilancia sobre quienes imparten justicia.
Por su parte, se renovaron magistraturas del Tribunal Electoral y se eligió a juezas y jueces de distrito y de circuito en una primera etapa, quedando pendiente la otra mitad para 2027.
En total, 881 cargos judiciales fueron puestos a consideración del electorado, un número sin precedentes que, según el discurso oficial, responde a la exigencia ciudadana de legitimar al Poder Judicial y acabar con la percepción de élite cerrada que lo acompañó durante décadas.
El arribo de los nuevos juzgadores abrió un horizonte de expectativas, pero también de incertidumbre. La magnitud de los cambios estructurales implica reorganizar oficinas, presupuestos, agendas y procesos. El Poder Judicial se convirtió, de golpe, en una maquinaria con engranajes nuevos que aún deben probar su eficacia.
Los organismos recién creados, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, cargan con la responsabilidad de demostrar que no son simples reemplazos burocráticos, sino herramientas reales de control y eficiencia. Sin embargo, los recursos presupuestales siguen siendo un tema sensible. El proyecto de gasto para 2026 aún contemplaba seguros millonarios para ministros, lo que generó críticas sobre la profundidad de la austeridad prometida.
Además, la elección popular de jueces y magistrados plantea un desafío de fondo: equilibrar la legitimidad democrática con la independencia judicial. Si bien el voto ciudadano otorgó un nuevo grado de representatividad, persisten dudas sobre si la impartición de justicia podrá mantenerse libre de presiones políticas o electorales.
El reto, en suma, no se reduce a los símbolos de austeridad ni a la cercanía con el pueblo, sino a lograr que la justicia funcione con eficacia, imparcialidad y rapidez. El cambio estructural ha sido enorme, y aunque los primeros gestos dejaron buena impresión en el oficialismo, el verdadero examen será el día a día en los tribunales, donde la ciudadanía espera ver resultados tangibles.
