El Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley Amparo impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de combatir el abuso de los grandes deudores fiscales. Dicha iniciativa fue avalada en el Senado tras ser aprobada en la Cámara Baja durante la madrugada del pasado miércoles 15 de octubre, con 81 votos a favor y 37 en contra, mayoritariamente de la oposición.
Redacción / Nacional
Esta reforma es respaldada principalmente por los legisladores de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el PT, mientras que el resto de partidos han expresado su preocupación por las implicaciones de esta modificación en el acceso a la justicia y los derechos ciudadanos. Siendo el ajuste de los procedimientos para la interposición de amparos, uno de los puntos más controversiales.
Cabe mencionar que la reforma pretende acelerar la resolución de más de dos billones de pesos que permanecen congelados en los tribunales debido a los amparos presentados por grandes contribuyentes. A pesar de los ajustes y las propuestas de cambio realizadas por expertos y la oposición, las críticas se centran en que esta medida favorece un afán recaudatorio del gobierno de garantizar un equilibrio en los derechos.
Más allá del impacto que tendrá en los deudores, la reforma también ha suscitado preocupación entre organizaciones civiles, especialmente por su posible efecto en casos relacionados con derechos humanos, salud, educación o medio ambiente. Por lo que, la nueva legislación delimita el concepto de “interés legítimo”, lo que podría restringir el acceso a la justicia en causas como la protección de grupos vulnerables.
Finalmente, destacaron que esta modificación podría hacer que un juez conceda una suspensión favorable para el gobierno en contra de los derechos del ciudadano; sin embargo, negaron esto al comentar que los movimientos han sido introducidos tras las audiencias públicas. Lo que, a juicio de la senadora panista, María Murguía, la reforma “no es propersona, es progobierno”, priorizando los intereses recaudatorios.
