**El país debate su nueva política fiscal, y el impacto social y económico en el país**
**Paquete fiscal 2026: aumentos en cigarros, bebidas, videojuegos y ocio, afectarán más de 13 mil pesos anuales por familia**
Michelle López
Información nacional.
En 2026, México vivirá un cambio fiscal que promete alterar tanto los hábitos de consumo como la economía familiar: el aumento casi al doble del impuesto a los refrescos con azúcar y la creación de una nueva tasa para las versiones “light” o “cero calorías”.
La decisión, aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de validación en el Senado, forma parte de una reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que también contempla nuevos gravámenes a videojuegos, apuestas y otros productos.
El acuerdo que destrabó la votación fue el resultado de una negociación intensa entre el Gobierno federal y la industria refresquera. La propuesta inicial planteaba un aumento generalizado del IEPS —de 1.64 a 3.08 pesos por litro para todas las bebidas carbonatadas—, sin distinguir entre las que contienen azúcar y las endulzadas con edulcorantes.
Ante la presión del sector privado, se aprobó finalmente un esquema diferenciado: los refrescos con azúcar pagarán 3.08 pesos por litro, mientras que los “light” o “sin azúcar” serán gravados con 1.5 pesos por litro.
El pacto con la industria
El acuerdo con Coca-Cola y otras empresas del ramo incluye compromisos que van más allá del tema fiscal. Las compañías deberán reformular sus productos para reducir en un 30% el contenido de azúcar antes de octubre de 2026, restringir la publicidad dirigida a menores y colocar mensajes que desincentiven el consumo excesivo. Además, se acordó promover campañas para limitar el uso de envases de gran tamaño, recordando que estos están pensados “para compartir”, no para consumo individual.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la medida, al subrayar que “el objetivo del impuesto no es recaudar, sino reducir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad”. México es el país con mayor consumo de refrescos per cápita en el mundo y uno de los que enfrenta más altos índices de obesidad infantil, lo que da contexto a esta política pública.
Los defensores del impuesto
Desde el Gobierno y organizaciones de salud pública, el aumento al IEPS es considerado un paso necesario. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, explicó que la medida busca generar incentivos para que las empresas reformulen sus bebidas, y los consumidores opten por opciones más saludables. “El acuerdo con la industria es una oportunidad para cambiar hábitos sin golpear de manera abrupta al bolsillo de las familias”, sostuvo.
Expertos en nutrición, como el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), han respaldado el incremento al considerar que los impuestos “saludables” son una herramienta eficaz para reducir el consumo de productos dañinos. Según datos del INSP, desde la primera aplicación del IEPS en 2014, el consumo de refrescos en México disminuyó alrededor de un 6%, aunque la tendencia se ha mantenido estable en los últimos años.
Las críticas y los efectos en el bolsillo
Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta política. La Asociación Mexicana de Bebidas advirtió que el aumento impactará de manera directa en los precios al consumidor y podría afectar al sector productivo. “Encarecer la canasta básica con impuestos desproporcionados no es la vía para resolver los problemas de salud pública”, señalaron en un comunicado.
Los efectos del nuevo esquema fiscal no se limitarán a los refrescos. La Cámara de Diputados aprobó también aumentos a cigarros, videojuegos violentos, entradas a museos, sitios arqueológicos y trámites migratorios. En conjunto, estos incrementos representarían más de 13 mil pesos adicionales al año para una familia promedio, según cálculos de la propia Secretaría de Hacienda.
El caso de los refrescos es emblemático: una familia que consuma dos botellas de tres litros al día pasará de gastar 37 mil 960 pesos anuales a 44 mil 530, es decir, 6 mil 570 pesos más solo por ese hábito. Aunque el aumento busca disuadir el consumo, muchos consumidores lo ven como un golpe directo a la economía doméstica.
Una realidad con matices
Mientras los defensores de la medida aseguran que se trata de una política con fines preventivos, los críticos la perciben como un nuevo golpe a los bolsillos de la clase trabajadora. El debate también ha abierto una discusión más amplia sobre el papel del Estado: ¿es justo que se impongan impuestos para modificar hábitos de consumo, o debería priorizarse la educación alimentaria y el acceso a productos saludables?
El gobierno ha insistido en que estos impuestos no son punitivos, sino educativos, y que los recursos obtenidos se destinarán a programas de salud y campañas de prevención. Sin embargo, organizaciones civiles exigen transparencia y vigilancia en el uso de esos fondos, pues en años anteriores no se ha cumplido plenamente con esa promesa.
Lo que viene
El Senado deberá discutir en las próximas semanas la aprobación final del paquete fiscal 2026. Con mayoría oficialista, se espera que los cambios sean mínimos, pero el debate público continúa. De aprobarse, el nuevo IEPS marcará un punto de inflexión en la relación del país con la industria refresquera, y pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para equilibrar salud pública, recaudación y economía familiar. Mientras tanto, los consumidores tendrán que adaptarse a una nueva realidad: una en la que tomar una botella de refresco será no solo una decisión de gusto, sino también de presupuesto. Y en medio del debate, México enfrenta la pregunta de fondo: ¿podrá un impuesto cambiar el futuro de la salud de millones, sin dejar atrás a quienes ya viven al límite de su economía?
