La reciente detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida, reavivó uno de los casos más relevantes de corrupción vinculados al sexenio de Enrique Peña Nieto. El empresario, esposo de la conductore Inés Gómez Mont, enfrenta acusaciones por liderar una red de empresas fantasmas señaladas de lavar dinero y desviar alrededor de 3 mil millones de pesos del erario público.
Redacción / Internacional
La aprehensión ocurrió el 24 de septiembre, aunque se dio a conocer hasta el 27 de octubre, debido a una irregularidad migratoria en su estancia en Estados Unidos. De acuerdo con autoridades norteamericanas, Álvarez ingresó al país en enero de 2021 con una visa temporal que venció en julio de ese año; por lo que, al salir de las Bahamas, regresó sin inspección migratoria por vía marítima, lo que derivó en su detención.
Posteriormente, solicitó asilo político, alegando persecución en México, pero hasta ahora ninguna autoridad mexicana, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido postura sobre su estatus legal. Mientras tanto en México, la Fiscalía General de la República lo acusa de encabezar un esquema de desvíos mediante su despacho “Álvarez Puga & Asociados”, que operaba en más de 40 ciudades.
A través de esta firma, se crearon decenas de compañías fachada utilizadas para simular contratos con dependencias oficiales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Las empresas emitían facturas falsas y, bajo el amparo de licitaciones públicas, recibían recursos millonarios que eran transferidos a cuentas vinculadas con el empresario y su esposa.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2016 y 2017 se realizaron alrededor de mil 500 operaciones financieras irregulares, pues los fondos, destinados originalmente a programas sociales y proyectos penitenciarios, fueron desviados hacia cuentas personales y de prestanombres. El método consistía en emitir comprobantes por servicios inexistentes y dispersar los montos entre bancos.
