**Analistas coinciden en que los municipios son el eslabón más débil del andamiaje estatal**
Juan Rubio / Información nacional.
En menos de 13 meses, diez alcaldes en funciones han sido asesinados en distintas regiones del país. Desde la decapitación de Alejandro Arcos en Chilpancingo hasta el tiroteo que terminó con la vida de Carlos Manzo en Uruapan, los ataques contra autoridades locales han expuesto la creciente vulnerabilidad del poder municipal frente al control territorial del crimen organizado.
Michoacán, Oaxaca y Guerrero concentran la mayoría de estos homicidios, pero la violencia ya trasciende fronteras estatales y partidistas.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, registrado el 1° de noviembre de 2025, no fue un hecho aislado. Fue el décimo homicidio de un presidente municipal en funciones desde octubre de 2024, y el más reciente en una ola de violencia política que no cede.
Manzo, conocido por su postura firme contra el crimen organizado —incluso llegó a pedir armamento para su policía municipal—, fue atacado a balazos durante el “Festival de Velas” en pleno centro de la ciudad. Aunque contaba con 14 elementos de Seguridad, siete disparos acabaron con su vida. Las investigaciones apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como posible autor.
Pero Carlos Manzo es solo uno de los nombres en una lista sangrienta. El primer caso del periodo ocurrió apenas el 6 de octubre de 2024, cuando Alejandro Arcos Catalán, edil de Chilpancingo, Guerrero, fue decapitado cinco días después de tomar posesión. Su negativa a cooperar con “Los Ardillos”, un grupo criminal con arraigo en la región, habría desencadenado su ejecución.
Desde entonces, la violencia no ha cesado. El 15 de octubre de 2024, Román Ruíz Bohórquez, munícipe de Candelaria Loxicha, Oaxaca, fue apuñalado frente a su casa. En diciembre de ese año, Jesús Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue emboscado junto con su secretario y escoltas en una carretera rural.
En 2025, los ataques se intensificaron. El 15 de mayo, Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue interceptado por un comando armado en un camino aislado y asesinado, sin que mediaran robo ni otro móvil aparente. Dos semanas después, Isaías Rojas Ramírez, de Metlatónoc, Guerrero, murió tras ser baleado en un túnel de la Autopista del Sol.
Michoacán vivió tres casos en solo doce días. Salvador Bastida García, edil de Tacámbaro, fue ejecutado tras una cena con un supuesto aliado, que resultó ser su asesino. Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue abatida dentro del palacio municipal. Y Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, perdió la vida junto con su esposo, en un ataque relacionado con su supuesta tolerancia hacia la propaganda del narco.
Más recientemente, Miguel Bahena Solórzano, de Pisaflores, Hidalgo, fue acribillado al llegar a su casa, en un hecho que las autoridades vinculan con una disputa interna en el Ayuntamiento.
Patrón de impunidad y debilidad institucional
Según Integralia, hasta junio de 2025 se habían registrado 112 asesinatos de políticos y 200 actos de violencia política en todo el país. El 79 % de estos homicidios involucraron a funcionarios municipales, cuya autoridad directa sobre seguridad local, obras públicas y permisos, los convierte en objetivos estratégicos para el crimen organizado.
Analistas coinciden en que los municipios son el eslabón más débil del andamiaje estatal. Carecen de recursos, estructuras de inteligencia y protocolos de protección. Mientras los Cárteles compiten por el control territorial, los alcaldes se ven obligados a elegir entre resistir y morir, o cooperar y sobrevivir.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha condenado los homicidios y prometido respuestas, hasta ahora no se ha implementado una estrategia federal que proteja de forma efectiva a estos funcionarios. La mayoría de los casos permanecen sin esclarecerse, y cuando hay detenciones —como en el asesinato de Jesús Franco en San Luis Potosí—, suelen involucrar a actores locales, evitando responsabilizar a estructuras criminales más amplias.
