**La resolución unánime del máximo tribunal reaviva tensiones entre el Gobierno federal y uno de los empresarios más influyentes del país**
Michelle López / Información nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una de sus decisiones más relevantes en años: por unanimidad, los nueve ministros rechazaron siete amparos promovidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego, obligándolo a pagar 48 mil 326 millones de pesos en créditos fiscales acumulados entre 2008 y 2013.
El monto corresponde a adeudos de Elektra, -43 mil 263 millones de pesos- y de Televisión Azteca, -5 mil 63 millones- por ISR, actualizaciones, multas y recargos.
El pleno concluyó que los recursos legales presentados por las empresas carecían de interés excepcional, y no planteaban temas constitucionales que justificaran la revisión por parte de la Corte.
Esta decisión marca el cierre de una larga batalla legal que el equipo de Salinas Pliego litigó con 28 recursos, 13 reclamaciones, tres solicitudes de facultad de atracción y dos conflictos competenciales.
¿Por qué ocurrió?: La ruta jurídica del caso
La SCJN revocó la admisión de los amparos, al considerar que no debieron llegar al máximo tribunal. El ministro Arístides Guerrero explicó que ya existían precedentes suficientes que resolvían las controversias planteadas, y que no había elementos extraordinarios para su análisis. En un hecho inédito, utilizó una presentación digital con códigos QR para detallar la cadena procesal, como ejercicio de transparencia judicial.
Los funcionarios también determinaron que las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel, no estaban impedidas para participar en la discusión, pese a señalamientos previos, pues sus opiniones públicas no constituían prejuzgamiento sobre el caso.
Con ello, la Corte dio un golpe definitivo al intento de las empresas del Grupo Salinas por frenar el cobro de los créditos fiscales.
Repercusiones políticas: un conflicto que escala
El fallo detonó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno federal y uno de los empresarios más influyentes del país. Grupo Salinas calificó la resolución como “un día negro para la justicia y el Estado de derecho”, acusó acoso político y aseguró que acudirá a instancias internacionales para impugnar la decisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con contundencia: “Mejor pagar sus impuestos en vez de andar pagando campañas en redes”.
Este choque público simboliza el trasfondo político del caso: el reto de Salinas Pliego al gobierno de la Cuarta Transformación, la vigilancia a los grandes contribuyentes, y la insistencia presidencial en que nadie está por encima de la ley.
Aunque aún quedan dos recursos pendientes en la ponencia de la ministra Lenia Batres, la resolución unánime del pleno ya marcó un precedente, que podría redefinir la relación entre el poder económico, la justicia fiscal y el Estado mexicano.
