La Cámara de Diputados aprobó la reforma que veta la producción, distribución y comercialización de vapeadores en el país, impulsada por Claudia Sheinbaum, y que fija castigos de hasta 8 años de prisión y fuertes multas para quienes obtengan ganancias mediante estos artículos. La propuesta obtuvo respaldo mayoritario y un rechazo significativo de las bancadas opositoras que cuestionaron su contenido.
Redacción / Nacional
El elemento que más encendió la confrontación fue el apartado a penas penales, señalado por la oposición como un intento de convertir a consumidores en infractores, por lo que demandaron retirar cualquier figura que los involucre. Morena respondió que añadirá una reserva que excluya a usuarios finales y aclaró que el propósito central es frenar un mercado que creció mediante importaciones irregulares.
Durante la discusión, representantes opositores exhibieron vapeadores encendidos y acusaron al gobierno de impulsar una norma que podría nutrir redes clandestinas y facilitar abusos policiales. Criticaron que un joven con uno de estos dispositivos podría ser objeto de extorsión y advirtieron que el diseño actual del delito permitiría interpretaciones amplias con campañas engañosas.
También reclamaron que el documento, de más de 800 páginas, no incluyó consultas con especialistas, aunque el texto recoge estudios que describen riesgos vinculados a metales y compuestos relacionados con irritación crónica y daños pulmonares. Asimismo, voces oficialistas defendieron que la iniciativa busca detener el uso en edades tempranas y recalcaron que la política parte de una lógica preventiva.
El paquete aprobado incorpora ajustes adicionales, entre ellos mayores atribuciones para la Secretaría de Salud en compras consolidadas de medicamentos, contratación de tecnología médica avanzada y acciones para frenar el tráfico de precursores utilizados en la elaboración de fentanilo. Así como controles más estrictos sobre sustancias peligrosas, reuniendo temas sin relación para agilizar su aprobación.
