Hablemos de migración

Por: José Placido Jiménez Amigón
Una de las medidas más graves y menos discutidas del segundo mandato de Donald Trump, es el plan para aumentar masivamente las desnaturalizaciones; es decir, quitar la ciudadanía estadounidense a personas que ya la obtuvieron legalmente.
De acuerdo con directrices internas del Servicio de Ciudadanía e Integración de Estados Unidos (Uscis), el gobierno exige entre cien y doscientos casos de desnaturalización al mes para el 2026; para dimensionarlo: entre el 2017 y 2025 se presentaron poco más de 120 casos en total.
Estamos ante un cambio histórico que transforma una herramienta excepcional en una política sistemática de persecución. En este contexto explico:
¿Qué es la desnaturalización y cuando la ley permite aplicarla?
-Por qué imponer cuotas mensuales es peligroso, incluso para personas que nunca cometieron delito.
-Cómo esta política siembra miedo entre los 26 millones de ciudadanos naturalizados, mucho de ellos mexicanos e hispanos.
-Por qué expertos advierten que esto politiza la ciudadanía y rompe un principio básico de la democracia: que la nacionalidad no depende del gobierno en turno.
También analizo el mensaje de fondo: ya no basta con ser residente legal, ni si quiera ciudadano naturalizado. En el modelo migratorio de Trump, la ciudadanía se vuelve condicional, revocable y vulnerable, especialmente para comunidades racializadas.
Desde mi experiencia como migrante, con 30 años de radicar en los Estados Unidos, reflexiono sobre lo que significa vivir en un país donde el pasado migratorio puede usarse como arma, incluso décadas después de haber jurado lealtad y construido una vida. Desde la llegada de Donald Trump hay una sicosis y enfermedades mentales, que conllevan regresar la vista a nuestro país de origen.

Florida se convierte en laboratorio de redadas en la segunda administración de Donald Trump
*10 mil cuatrocientos migrantes detenidos y deportaciones selectivas*. Florida se ha consolidado como el principal Camó de pruebas de la política migratoria, en la segunda administración de Donald Trump.
En apenas 8 meses, el operativo estatal “Tidal Wave” ha derivado en 10 mil cuatrocientos migrantes detenidos, en su mayoría originarios de México. Cabe señalar que, de los 32 estados de México, puede decirse que entran en estas detenciones; Centroamérica y Venezuela, en coordinación directa con el servicio de inmigración y control de aduanas.
El gobernador Ron DeSantis presume esta operación como la mayor acción conjunta en la historia del ICE, y no es una exageración menor: Florida lidera hoy el país en acuerdos 287 (G), que permite a los policías locales operar como agentes migratorios federales.
En la práctica, esto ha normalizado redadas, detenciones masivas, golpes y traslados a centros de detención extremo, como “Alligator Alcatraz”, instalado en los everglades, una zona deliberadamente inhóspita.
Desmenuzamos los datos oficiales; 63% de las personas detenidas tenían algún antecedente penal o detención previa, una cifra utilizada políticamente para justificar operativos indiscriminados. Guatemala, México y Honduras encabezan las nacionalidades más afectadas.
Casi 5 mil personas ya fueron enviadas a centros de detención estatales, diseñados para disuadir mediante aislamiento y miedo. Pero el extremo va más allá de Florida. Contrastamos este despliegue de arrestos masivos y detenciones con el panorama regional de deportaciones en el 2025.
Nicaragua registro 7 mil 431 deportaciones desde EU; con un repunte brutal en los últimos 4 meses del año, y una narrativa oficial estadounidense, que impulsa la “auto deportación” mediante aplicaciones y amenazas públicas.
Guatemala en cambio, vivió una caída del 22% en deportaciones pese al endurecimiento de las políticas de Trump, lo que revela una paradoja clave: menos cruces hacia USA, y más miedo no siempre se traduce en más expulsiones, si no migrante invisibilizado y encerrados en sus casas.

Desde una perspectiva analítica y con mi experiencia como migrante, planteó la pregunta central del episodio:
¿estamos ante una política de control migratorio o frente un modelo de castigo territorializado, donde ciertos estados compiten por demostrar lealtad política a Trump?
Florida no es una excepción: es un anticipo de lo que la administración de Trump busca escalar a nivel nacional, combinando fuerza estatal, cooperación local, detenciones masivas y propaganda unitiva. El señalamiento hacia México en cuanto a redadas, detenciones y deportaciones, México es el país que está en la mira, por los 38 millones de mexicanos radicados en territorio americano.





