– La legislación cancela los contratos vigentes con ICE y prohíbe a la policía colaborar con agencias federales de inmigración.
Redacción / Información Internacional
El estado de Nuevo México en Estados Unidos aprobó este jueves una legislación que impide el funcionamiento de centros de detención de migrantes dentro de su jurisdicción. La nueva normativa prohíbe a cualquier entidad gubernamental que reciba fondos públicos establecer acuerdos para encarcelar a personas por infracciones civiles a la ley migratoria.
El alcance de la ley implica la cancelación de los contratos vigentes y establece una restricción directa para las fuerzas de seguridad locales. Tanto la policía estatal como los alguaciles quedan impedidos de firmar convenios de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta la fecha, el estado mantenía operativos tres centros con una capacidad conjunta para 3,000 personas.
La medida representa una respuesta local frente a las políticas federales impulsadas por la Administración Trump, la cual ha fomentado el aumento de las detenciones. Organizaciones de derechos humanos respaldaron la decisión legislativa; Carla Law, representante de la ACLU en Nuevo México, describió el hecho en un comunicado como una “victoria para las familias migrantes” destinada a finalizar la complicidad estatal en los procesos de deportación.
Contexto federal y cifras récord
Mientras Nuevo México cierra puertas a estas instalaciones, el Gobierno federal busca expandirlas. Según información publicada por Bloomberg la semana pasada, la administración actual gestiona la adquisición de más de 20 bodegas a nivel nacional para transformarlas en centros de detención. Entre los proyectos destaca una instalación en Hutchins, Texas, con capacidad proyectada para 9,500 detenidos.
El sistema de detención enfrenta actualmente cifras históricas. Datos obtenidos indican que en enero hubo más de 73,000 migrantes bajo custodia, el número más alto registrado desde que se creó el Departamento de Seguridad Nacional en 2001.
A la par del aumento en las detenciones, se han reportado incidencias en la seguridad de los recintos. El año pasado cerró con más de 30 fallecimientos de personas bajo custodia de ICE, la cifra más alta en dos décadas. En el transcurso de 2026, ya se han confirmado al menos tres muertes adicionales dentro de estos centros.
