Redacción / Ciudad de México,
18 de febrero de 2026 Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Gobierno Federal anunció el envío de una iniciativa al Senado para modificar el sistema de retiros de la alta burocracia. La propuesta, denominada “Pensiones sin Privilegios”, tiene como objetivo central establecer un techo financiero a las jubilaciones de los funcionarios de confianza que actualmente perciben montos elevados.
La consejera jurídica, Estela Damián, precisó que la intención es reformar el artículo 127 de la Constitución. De concretarse el cambio, ninguna pensión de exmandos en instituciones públicas podrá rebasar el 50 por ciento del salario que recibe la persona titular del Ejecutivo Federal. Bajo el tabulador actual, esto significa que los nuevos retiros tendrían un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
La administración señaló que esta medida responde a la detección de pagos que exceden el ingreso presidencial, con casos que alcanzan el millón de pesos cada mes. Con este ajuste, el gobierno proyecta un ahorro anual de 5 mil millones de pesos, los cuales se planea transferir directamente a programas de bienestar y proyectos de desarrollo social, asegurando que no se afecten los derechos laborales ya establecidos.
El informe presentado detalló que la reforma impactará principalmente a exdirectivos de organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y esquemas relacionados con la desaparecida Luz y Fuerza del Centro. Se aclaró que la iniciativa se enfoca en el personal de confianza de alto nivel y no incluye a los trabajadores bajo contratos colectivos ni a los integrantes del Poder Judicial o ministros de la Corte.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la ley no se aplica de forma retroactiva. Esto implica que las pensiones que ya se están pagando se mantendrán sin cambios; Sin embargo, todos los procesos de jubilación que se inicien tras la aprobación de la reforma deberán alinearse al nuevo límite constitucional.
Este proyecto forma parte de la estrategia de gestión de recursos del actual gobierno y toma en cuenta el incremento de la población de la tercera edad en el país. La propuesta iniciará su proceso de debate y análisis en la Cámara de Senadores durante las próximas semanas.
