– Durante 30 años, la política de “lugares sensibles” prohibió los operativos en hospitales, escuelas y lugares de culto.
José Gallardo / Información Internacional
Trabajadores de la salud reportan que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan detenciones e intervenciones dentro de instalaciones médicas. El personal señala que estas acciones bloquean la atención a pacientes e interfieren con los protocolos clínicos de las áreas de urgencias.
La presencia de autoridades migratorias en centros de salud coincide con la eliminación de la política de “lugares sensibles”. Durante 30 años, esta directriz prohibió los operativos en hospitales, escuelas y lugares de culto. La actual administración retiró dicha restricción para avanzar con sus medidas de control migratorio.
Dianne Sposito, enfermera con cuatro décadas de experiencia en el Centro Médico Ronald Reagan de UCLA, relató un incidente ocurrido en diciembre. Sposito intentó atender a una mujer que ingresó en camilla al área de urgencias. Dos agentes de ICE le impidieron el paso y le prohibieron tomar las constantes vitales. Según el registro del hospital, los funcionarios portaban armas, llevaban el rostro cubierto y argumentaron que no requerían presentar una orden judicial para custodiar a la paciente.
La Unión Nacional de Enfermeras (NNU) documenta alteraciones en los procesos de atención. Representantes del sindicato indican que los agentes impiden la comunicación entre los médicos y los familiares de los pacientes, un paso necesario para obtener los historiales clínicos y determinar los tratamientos.
El sindicato también registra un efecto disuasorio en la población. Los reportes internos muestran casos de personas que retrasan su traslado a urgencias por temor a encontrarse con las autoridades, llegando a las instalaciones cuando su estado de salud ya presenta complicaciones.
Ante esta situación, la NNU exige a las gerencias hospitalarias establecer planes de acción para resguardar los derechos de los pacientes. A nivel federal, solicitan al Congreso la suspensión de fondos para el ICE y la Patrulla Fronteriza.
En el ámbito judicial, organizaciones civiles asesoradas por el Justice Action Center presentaron la demanda civil “PCUN contra Noem” en Oregón. El recurso contra el Departamento de Seguridad Nacional busca restituir la protección de los lugares sensibles. El expediente judicial señala que los operativos no solo interfieren con la salud pública, sino que han provocado un aumento en el ausentismo dentro del sistema escolar.
