Cada 8 de marzo, el mundo recuerda la lucha de las mujeres por sus derechos. Pero en México esta fecha no puede leerse únicamente como una conmemoración histórica. Tampoco puede abordarse como si la violencia contra las mujeres fuera un problema del pasado.
No lo es. En el país, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad cotidiana. Mujeres que desaparecen. Mujeres asesinadas. Mujeres violentadas dentro de sus propios hogares. Mujeres que denuncian y se enfrentan a un sistema que muchas veces duda de su palabra, o tarda años en responder.
Los datos son contundentes. Tan solo en los primeros meses de 2025 se registraron 54 feminicidios y 187 homicidios dolosos de mujeres en México. Detrás de cada número hay una historia interrumpida, una familia que busca respuestas y una ausencia que nunca podrá reemplazarse.
La violencia tampoco distingue edades. Bebés recién nacidas, niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, han sido víctimas de agresiones sexuales, violencia física o asesinatos. Nos siguen violando. Nos siguen golpeando. Nos siguen matando.
Y muchas veces, antes de que se investigue al agresor, se investiga a la víctima. Se pregunta dónde estaba, cómo vestía, con quién salía, por qué estaba sola. Como si la violencia necesitara justificación. Como si la responsabilidad pudiera desplazarse hacia quien la sufrió.
Pero no hay contexto que justifique la violencia contra una mujer, cuando el sistema también hiere. Denunciar una agresión en México sigue siendo, para muchas mujeres, una experiencia profundamente dolorosa. El sistema de justicia que debería protegerlas con frecuencia, termina revictimizándolas.
Expedientes que se retrasan, investigaciones incompletas, funcionarios que minimizan las denuncias o cuestionan la credibilidad de las víctimas, forman parte de un escenario que ha sido denunciado durante años por colectivos, organizaciones y defensoras de derechos humanos.
La justicia muchas veces llega tarde. O simplemente no llega. Mientras tanto, hay madres que buscan a sus hijas desaparecidas, familias que esperan sentencias que nunca llegan, y comunidades enteras que viven con la incertidumbre de que la violencia pueda repetirse.
En México hay mujeres que salen de casa y no regresan. Hay niñas que crecen aprendiendo demasiado pronto a tener miedo. Y hay familias enteras marcadas por la ausencia.
Derechos conquistados, pero no universales
En medio de esta realidad también es necesario reconocer algo: muchos de los derechos que hoy ejercen algunas mujeres, no existían hace apenas unas décadas. Poder estudiar, votar, participar en la vida pública, investigar, escribir o ejercer una profesión, fueron conquistas logradas gracias a mujeres que decidieron desafiar las normas de su tiempo.
La historia mexicana recuerda nombres como Sor Juana Inés de la Cruz, quien defendió el derecho de las mujeres a estudiar en pleno siglo XVII; Matilde Montoya, la primera médica titulada en México, o Elvia Carrillo Puerto, impulsora del sufragio femenino.
También figuran Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Rosario Castellanos o Griselda Álvarez, mujeres que desde distintos ámbitos abrieron caminos para las generaciones que vinieron después. Pero incluso en esta memoria histórica, hay una pregunta incómoda: ¿quiénes aparecen en los libros y quiénes no?
Muchas de las mujeres que se mencionan con mayor frecuencia en la historia oficial, provenían de contextos que les permitieron acceder a educación o a círculos de poder. Sus aportaciones fueron fundamentales, pero no fueron las únicas.
Las mujeres que la historia invisibilizó
Durante siglos, las mujeres indígenas y afromexicanas también resistieron sistemas profundamente desiguales. En la Nueva España, muchas mujeres afrodescendientes vivían bajo leyes que buscaban controlar su cuerpo, su trabajo y su libertad.
Aun así, los archivos coloniales muestran que algunas litigaron por sus derechos, defendieron la libertad de sus hijos, o utilizaron los propios mecanismos legales para reclamar herencias y asegurar el futuro de sus familias.
En 1612, treinta y cinco personas africanas y afrodescendientes —entre ellas siete mujeres—, fueron ejecutadas en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, acusadas de conspirar contra el orden colonial. Después de las ejecuciones, un grupo de mujeres desafió a las autoridades para recuperar los cuerpos y darles sepultura digna.
Las mujeres indígenas también han sido pilares en la historia cultural del país. Han preservado lenguas, conocimientos tradicionales, medicina ancestral y formas de organización comunitaria, que han sostenido la vida durante generaciones.
Sin embargo, hoy más de tres millones de mujeres indígenas siguen enfrentando condiciones de marginación, que limitan su acceso a la educación, salud y justicia.
Desigualdades que siguen vigentes
Incluso en los espacios donde existen mayores oportunidades, la igualdad sigue siendo una meta lejana. Las mujeres representan el 51 por ciento de la población mexicana, pero su realidad económica continúa marcada por la brecha salarial.
En promedio, una mujer gana alrededor de 34 por ciento menos que un hombre que realiza el mismo trabajo. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer obtiene aproximadamente 75. A lo largo de una vida laboral, esta diferencia puede traducirse en pérdidas de más de un millón de pesos.
Las causas no son individuales, son estructurales: las tareas de cuidado recaen principalmente en las mujeres, muchas trabajan en sectores precarizados, y las pausas laborales por maternidad afectan sus oportunidades de crecimiento profesional.
Las leyes que nacieron del dolor
En los últimos años, varias reformas legales surgieron directamente de las luchas feministas y de casos que conmocionaron al país. “La Ley Olimpia”, impulsada por Olimpia Coral Melo tras ser víctima de violencia digital, permitió reconocer y sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
“La Ley Ingrid”, creada después del feminicidio de Ingrid Escamilla y de la filtración de imágenes de su cuerpo por parte de las autoridades, busca proteger la dignidad de las víctimas y sancionar la difusión de material sensible.
Estos avances muestran que cuando las mujeres se organizan pueden transformar las leyes. Pero también evidencian algo incómodo: muchas reformas nacen después de tragedias. El privilegio de poder alzar la voz, no todas las mujeres viven las mismas realidades. No todas tienen acceso a educación, a espacios de participación pública o a plataformas desde donde hablar.
Hay mujeres que viven bajo amenazas, bajo violencia directa o en contextos, donde alzar la voz puede significar poner en riesgo su vida. Por eso, el 8 de marzo también debe ser una invitación a la reflexión para quienes sí cuentan con ciertos márgenes de libertad. Para quienes pueden estudiar, escribir, enseñar, investigar, crear o denunciar.
Esos espacios, no son solo oportunidades personales. Son trincheras. Y mientras haya mujeres desapareciendo, siendo violentadas o asesinadas, guardar silencio nunca será una opción.
