La historia de México dio un vuelco definitivo en 2018. Lo que comenzó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa con paso firme bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, no es un simple cambio de siglas o de colores en el gobierno, sino una sacudida profunda a las estructuras del poder.
La esencia de esta Cuarta Transformación radica en una verdad tan simple como poderosa: no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Este principio, que suena a justicia elemental, ha desatado una batalla de ideas y de posturas, que hoy define nuestra realidad política.
Por un lado, está la voluntad de la mayoría que exige honestidad y austeridad; por el otro, resisten aquellos personajes y grupos que se niegan a soltar las cadenas de la corrupción, y los beneficios desmedidos que construyeron durante décadas.
Actualmente, somos testigos de una resistencia que raya en el desafío al mandato popular. Partidos como el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, a los que recientemente se han sumado posturas cuestionables de personajes en el PT y el Verde Ecologista, parecen no haber entendido el mensaje de las urnas.
Como bien ha señalado la presidenta Sheinbaum, todavía existen quienes defienden prácticas que el pueblo ya juzgó como ofensivas. Hablamos de funcionarios que se amparan para seguir ganando más que la titular del ejecutivo, de bonos de privilegio que se reparten a puerta cerrada, y de una burocracia dorada que se niega a vivir en la justa medianía.
Es una contradicción ética que, mientras en nuestras comunidades faltan medicinas, el agua potable es un lujo o las calles están llenas de baches, existan organismos como los llamados OPLES estatales, que duplican funciones y consumen presupuestos que deberían estar sirviendo a la gente.
Esta lucha nos enfrenta a dos visiones de país. La visión del pasado defiende que el presupuesto es un botín para repartir entre cuotas y cuates, bajo la excusa de una supuesta autonomía, que solo sirve para proteger sueldos estratosféricos. La visión de la transformación, en cambio, propone la austeridad republicana no como un simple ahorro, sino como un acto de justicia social.
Bajo este principio, se pretende que las instituciones trabajen con lo indispensable, eliminando los lujos, los viajes innecesarios y las secretarias de las secretarias. El objetivo es liberar esos recursos atrapados en las oficinas de los políticos para que bajen a la tierra, ahí donde se necesita el bacheo, donde las escuelas requieren mantenimiento urgente y donde los hospitales deben funcionar al cien por ciento.
Ante la negativa de la oposición para aprobar reformas constitucionales profundas, surge la necesidad del “Plan B”, una estrategia legislativa directa para rescatar el dinero público. Este se sostiene en tres pilares fundamentales que todo ciudadano debe conocer. El primero es la disminución de privilegios en los congresos locales; se trata de poner topes máximos al gasto de los legisladores estatales, para que el costo de un diputado no sea una carga insultante para el erario.
El segundo pilar es la reducción de excesos en los municipios; esto obliga a los ayuntamientos a eficientar su gasto corriente, eliminar regidurías y burocracias inútiles, asegurando que el recurso se destine a servicios básicos como drenaje y alumbrado.
El tercer pilar es el fortalecimiento de la consulta popular; el “Plan B” busca que temas que antes eran intocables, como los presupuestos de los partidos políticos, puedan someterse a la decisión directa de la gente, democratizando el uso de cada peso público. Asimismo, que la revocación de mandato en lugar de ser cada cuatro años, pueda ser cada tres.
Estamos en un momento definitorio para México. La lucha contra la corrupción no es solo meter a alguien a la cárcel, sino desmantelar el sistema que permitía que unos cuantos vivieran como reyes, a costa del esfuerzo de todos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que no habrá regresiones.
Al final del día, el juicio más importante no ocurrirá en los tribunales ni en las oficinas de los partidos, sino en la memoria y la conciencia del pueblo. Será la ciudadanía quien, con el tiempo y en las urnas, juzgue y sentencie a aquellos partidos y personajes que, habiendo caminado junto al movimiento, han demostrado falta de convicción, y han traicionado los principios de la 4T por defender sus propios bolsillos. En esta nueva etapa, el pueblo ya despertó y tiene la mirada puesta en quienes prefieren el privilegio sobre la justicia; la transformación sigue adelante porque, al final, la soberanía reside en el pueblo y solo el pueblo puede salvar al pueblo.
