-Señalan nexos con narcotráfico y piden penas severas
Redacción / Nacional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios mexicanos, a quienes acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas y armas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación dada a conocer por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían participado en una red de colaboración con el grupo criminal para distribuir grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en Estados Unidos. El anuncio fue respaldado por autoridades diplomáticas estadounidenses, que señalaron que estas acciones responden a exigencias de seguridad en ambos lados de la frontera.
Entre los implicados figuran altos mandos del gobierno estatal, legisladores, autoridades municipales y mandos policiales en funciones o retirados. Según el expediente, los funcionarios no solo habrían permitido el tránsito de drogas, sino que también brindaron protección a integrantes del Cártel de Sinaloa, en particular a la facción conocida como “Los Chapitos”, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Las investigaciones apuntan a que, a cambio de sobornos, los acusados filtraron información confidencial sobre operativos de seguridad, ordenaron a corporaciones policiales resguardar cargamentos ilícitos y facilitaron la operación del grupo criminal sin interferencia institucional. Asimismo, se les atribuye participación en actos de violencia contra rivales del cártel, incluyendo homicidios y secuestros.
En el caso específico del gobernador Rocha Moya, las autoridades estadounidenses sostienen que habría recibido apoyo del grupo criminal durante su campaña electoral de 2021, mediante acciones de intimidación contra opositores. A cambio, presuntamente permitió que la organización influyera en decisiones de gobierno y designaciones de funcionarios.
La lista de acusados incluye, entre otros, a un senador en funciones, el alcalde de Culiacán y exresponsables de áreas clave de seguridad pública y procuración de justicia. Las imputaciones abarcan delitos como conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa. Las penas solicitadas por la justicia estadounidense podrían ir de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Tras darse a conocer la acusación, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos. Sin embargo, señaló que los documentos entregados carecen de pruebas suficientes, por lo que fueron turnados a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación mexicana.
La cancillería también expresó inconformidad por la forma en que se hizo pública la información, al considerar que se vulneraron acuerdos de confidencialidad establecidos en el tratado bilateral de extradición.
El caso abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad y justicia, mientras autoridades mexicanas deberán determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra los señalados o rechazar las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno estadounidense.
