**La mandataria precisó una posición basada en verdad, justicia y soberanía**
**Aseguró que no habrá encubrimiento si existen pruebas contundentes contra los señalados**
**Advirtió que México no permitirá acusaciones sin sustento, ni la injerencia de Estados Unidos en decisiones que competen a sus instituciones**
Michelle López
Información nacional.
El caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, detonó uno de los episodios más delicados en la relación entre México y Estados Unidos en los últimos años. La respuesta del Gobierno federal no tardó en llegar. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura que combina firmeza política, cautela jurídica y un mensaje directo: “en México no habrá impunidad, pero tampoco se permitirá injerencia extranjera”.
La cronología comenzó el 28 de abril, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, (procedimiento legal mediante el cual un país solicita la entrega de una persona acusada de un delito para juzgarla en su territorio). Un día después, el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de evaluar la viabilidad jurídica de dichas peticiones.
El punto de quiebre llegó, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos los cargos desde el Distrito Sur de Nueva York. La divulgación de una “acusación de reemplazo bajo reserva” (documento judicial que sustituye una acusación previa y que normalmente se mantiene confidencial), generó incomodidad en el gobierno mexicano, al considerar que violaba principios de discreción internacional.
Ante este escenario, Sheinbaum Pardo dejó clara su línea discursiva: verdad, justicia y soberanía. “No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó, al tiempo que subrayó que cualquier acción legal deberá sustentarse en pruebas “contundentes e irrefutables”, conforme a la legislación mexicana.
El mensaje no fue menor. En un contexto donde las relaciones bilaterales atraviesan tensiones por temas de seguridad y narcotráfico, la mandataria marcó distancia frente a lo que calificó como posibles motivaciones políticas detrás de las acusaciones.
Además, insistió en un principio clave del sistema penal acusatorio mexicano (modelo judicial basado en pruebas y procesos orales); no basta con señalamientos, se requieren evidencias sólidas para proceder penalmente. En paralelo, la presidenta reveló que sostuvo comunicación directa con Rocha Moya, a quien le reiteró dos puntos: la defensa de la soberanía nacional y la obligación de aplicar la ley si existen elementos probatorios.
Este posicionamiento coloca al gobierno mexicano en una posición compleja: por un lado, evitar la impunidad; por otro, contener lo que percibe como una posible extralimitación de autoridades extranjeras.
La acusación desde Estados Unidos
*Denuncian a funcionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el narcotráfico, sobornos y facilitación del tráfico de drogas hacia su territorio*
Del otro lado de la frontera, la narrativa es distinta. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que Rubén Rocha Moya formaría parte de una red de corrupción vinculada al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
Según el expediente judicial, el gobernador, junto con otros nueve funcionarios, habría facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
Las acusaciones detallan un entramado, que incluye: Sobornos mensuales a funcionarios, filtración de operativos de Seguridad, protección institucional a rutas del narcotráfico, y liberación de detenidos vinculados al crimen organizado
Uno de los señalamientos más graves, apunta a que Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 con apoyo de la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la acusación, este grupo habría intimidado y secuestrado a rivales políticos para favorecer su triunfo electoral.
Asimismo, se menciona el presunto pago de hasta 11 mil dólares mensuales a funcionarios, para alertar sobre acciones de autoridades estadounidenses, así como el asesinato de una fuente confidencial de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) en 2023.
Entre los implicados figuran: Enrique Inzunza Cázares, Senador y ex secretario General de Gobierno; Dámaso Castro Saavedra, Vicefiscal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendivil, Alcalde de Culiacan (Ahora con licencia); Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de investigación de la FGE de Sinaloa.
Así como Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía del estado, y Juan Valenzuela Millán, ex comandante municipal de Culiacán.
Las imputaciones, sin embargo, enfrentan un obstáculo clave: la falta de pruebas públicas detalladas, argumento que ha sido utilizado por el gobierno mexicano para cuestionar su solidez.
En respuesta, Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos, calificándolos como “falsos y dolosos”. En un mensaje público, aseguró tener la “conciencia tranquila”, y afirmó que demostrará su inocencia ante las instituciones mexicanas.
Cae Rocha Moya
*El gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán solicitaron licencia a sus cargos, en medio de una investigación federal*
En medio de la presión política y mediática, Rubén Rocha Moya dio un giro inesperado: solicitó licencia temporal a su cargo. La decisión, anunciada tras días de negarse a dejar el puesto, tiene implicaciones profundas. Por un lado, busca facilitar la investigación de la FGR; por otro, le permite mantener el fuero (inmunidad procesal que impide que un funcionario sea juzgado penalmente sin autorización previa del Congreso). Este punto es clave.
El fuero actúa como un blindaje legal. Para retirarlo, se requiere un proceso de desafuero (procedimiento legislativo para eliminar la inmunidad de un funcionario). Sin este paso, cualquier acción penal queda limitada. Así, la licencia no equivale a una renuncia: Rocha se separa del cargo, pero conserva protección jurídica.
El escenario político se tensó aún más, cuando sectores de oposición, como el PAN, plantearon la desaparición de poderes en Sinaloa (medida constitucional extraordinaria para remover autoridades cuando se rompe el orden institucional).
Mientras tanto, el Congreso local deberá definir la gobernabilidad del estado. Según la Constitución de Sinaloa: Si la ausencia es menor a 30 días, el secretario de Gobierno asume el despacho, o si supera ese periodo, se designa un gobernador interino.
En paralelo, el caso también sacudió al ámbito municipal. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia, lo que derivó en el nombramiento de una autoridad provisional.
La crisis escaló rápidamente: Tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, división política interna y cuestionamientos a la legitimidad del Gobierno estatal. A esto se suma la presión internacional y el seguimiento mediático de casos, como el reportado por The New York Times, que colocan a Rocha Moya en el centro de una presunta red de impunidad.
