-Comunidades indígenas denuncian desplazamientos, drones armados y omisión gubernamental en Chilapa
Redacción / Información nacional.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó a una acción global para exigir el fin de la violencia contra comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, donde integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunciaron ataques armados, desplazamientos forzados y agresiones con drones atribuidas al grupo criminal “Los Ardillos”.
A través de un comunicado dirigido a organizaciones sociales, colectivos, organismos defensores de derechos humanos y redes de solidaridad nacionales e internacionales, el CNI alertó sobre la situación que enfrentan comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, donde cientos de familias indígenas han abandonado sus hogares ante el incremento de los ataques armados.
La organización llamó a realizar movilizaciones, jornadas informativas, pronunciamientos, manifestaciones y actividades culturales para denunciar lo que calificó como una “guerra” contra los pueblos originarios de Guerrero. Según el CNI, los ataques se han intensificado durante los últimos días mediante el uso de armas de grueso calibre y drones utilizados para lanzar explosivos sobre las comunidades.
El CIPOG-EZ sostuvo que al menos 76 de sus integrantes han sido asesinados y otros 25 permanecen desaparecidos desde que comenzaron los enfrentamientos y el hostigamiento en la región. Además, acusó que los ataques ocurren bajo la presunta tolerancia de autoridades de distintos niveles de gobierno.
En otro pronunciamiento, mujeres indígenas nahuas desplazadas señalaron que durante el Día de las Madres pasaron la noche escondidas en el monte junto a sus hijos para evitar ser alcanzadas por las balaceras. Las comunidades denunciaron que más de mil familias han sido obligadas a salir de sus localidades ante las agresiones.
“Queremos regresar a nuestras casas y comunidades; queremos encontrar a nuestros hijos; queremos sembrar nuestra tierra y vivir una vida digna”, expresaron integrantes del CIPOG-EZ en mensajes difundidos en redes sociales.
Jesús Plácido Valerio, dirigente del CIPOG-EZ, denunció que los ataques continúan pese a la presencia de fuerzas federales y estatales en la zona. De acuerdo con la organización, elementos militares, Guardia Nacional y corporaciones policiacas se retiraron de comunidades de Chilapa mientras se registraban agresiones armadas.
La agrupación también responsabilizó al Estado mexicano por cualquier daño contra las comunidades indígenas y acusó omisiones frente a las operaciones de “Los Ardillos”, grupo que mantiene presencia en municipios de la región centro y montaña de Guerrero.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas centros de derechos humanos y colectivos indígenas, condenaron los ataques y exigieron investigaciones sobre posibles actos de complicidad o tolerancia de funcionarios públicos ante los hechos violentos. También demandaron atención inmediata para las familias desplazadas y medidas de protección para las comunidades en riesgo.
En videos difundidos en redes sociales se observa a mujeres, niñas, niños y personas mayores refugiados en iglesias y espacios comunitarios mientras solicitan ayuda urgente de las autoridades. Habitantes de la región afirmaron que continúan los disparos y sobrevuelos de drones en distintos puntos de la Montaña Baja.
Tras las denuncias públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso fue revisado por el Gabinete de Seguridad y anunció un reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional en la región para atender a las familias desplazadas y buscar condiciones de seguridad para el retorno de las comunidades. Sin embargo, organizaciones indígenas señalaron que la respuesta gubernamental sigue siendo insuficiente frente a la escalada de violencia registrada en Guerrero.
