-Gobernadora acudirá como testigo por caso ocurrido en la Sierra Tarahumara
Redacción / Nacional.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por la investigación relacionada con un operativo contra un presunto narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos en un accidente carretero ocurrido en abril pasado.
La mandataria estatal recibió personalmente el citatorio este sábado 23 de mayo en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, luego de que agentes federales acudieran para notificarle que deberá presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana ante autoridades ministeriales.
El caso se centra en el operativo realizado los días 17 y 18 de abril en la comunidad de Sierra del Pinal, municipio de Morelos, donde autoridades aseguraron lo que fue descrito como uno de los mayores laboratorios de drogas sintéticas detectados en la entidad.
La FGR investiga si durante ese despliegue existió participación irregular de agentes estadounidenses, particularmente personal vinculado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo que podría representar violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional por presunta intervención extranjera en tareas reservadas al Estado mexicano.
Al recibir el documento oficial, Maru Campos afirmó que acudirá ante la Fiscalía pese a contar con fuero constitucional.
“Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, declaró frente a medios de comunicación y funcionarios federales.
La gobernadora panista también acusó un trato diferenciado por parte de las autoridades federales y cuestionó que otros mandatarios estatales no hayan sido llamados a comparecer.
“Con Rubén Rocha, ¿no se le ha pedido comparecer ante la Fiscalía General de la República, verdad? Ni a ningún otro gobernador de este país”, expresó.
Campos sostuvo además que lamentaba que las instituciones fueran utilizadas, según dijo, para afectar políticamente al estado de Chihuahua y a su administración.
La diligencia fue realizada por los agentes federales Joel Cruz y Roberto Chaparro, quienes entregaron formalmente el citatorio en Palacio de Gobierno. Durante el acto, la mandataria estuvo acompañada por su abogado Roberto Gil Zuarth; el consejero jurídico José Carlos Rivera; el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y el secretario particular Fernando Álvarez Monge.
Aunque inicialmente dejó abierta la posibilidad de analizar jurídicamente el requerimiento, posteriormente reiteró que asistiría ante la dependencia federal.
“Lo leeremos, estudiaremos su fundamentación y argumentación… soy una gobernadora con fuero constitucional y aun así me están llamando a comparecer”, señaló.
Minutos después de difundirse el citatorio, la propia FGR aclaró que la gobernadora fue requerida en calidad de testigo y no como imputada.
A través de un comunicado, la dependencia federal explicó que también fue citado el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, debido a la cadena de mando relacionada con el operativo realizado en abril.
La Fiscalía indicó que busca recabar entrevistas ministeriales para esclarecer las circunstancias del despliegue y determinar responsabilidades administrativas o penales en torno a la presencia de personal extranjero.
La investigación federal se intensificó después del accidente registrado durante el retorno del convoy oficial desde la Sierra Tarahumara hacia la ciudad de Chihuahua.
En ese trayecto, uno de los vehículos se salió del camino y cayó a un barranco, provocando la muerte de cuatro personas: dos agentes estadounidenses presuntamente vinculados con la CIA, el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y otro funcionario estatal.
Desde entonces, versiones oficiales sobre la presencia de estadounidenses en el operativo han cambiado en varias ocasiones.
El entonces fiscal estatal, César Jáuregui, declaró inicialmente que los agentes extranjeros participaron en el desmantelamiento del narcolaboratorio. Posteriormente modificó esa versión y aseguró que únicamente impartían capacitación sobre manejo de drones a personal de investigación estatal y que posteriormente solicitaron acompañar el traslado hacia la capital.
Las inconsistencias derivaron en cuestionamientos públicos y finalmente Jáuregui dejó el cargo por decisión de la gobernadora.
Maru Campos ha sostenido desde el inicio que no autorizó ni gestionó la presencia de agentes extranjeros en territorio chihuahuense.
Sin embargo, también reconoció la necesidad de cooperación bilateral debido a la ubicación fronteriza de Chihuahua y al contexto de violencia vinculada con el narcotráfico.
“Un estado como Chihuahua, con la frontera que tiene, necesita forzosamente la cooperación y colaboración de Estados Unidos; obviamente en los canales institucionales”, declaró previamente.
El caso adquirió mayor dimensión política luego de que la FGR anunciara este mismo sábado nuevas citaciones relacionadas con investigaciones federales de alto perfil.
Además de Campos y Jáuregui, la dependencia informó que también serán entrevistados el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas señaladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Hasta ahora ni Rocha Moya ni su entorno han emitido postura pública sobre los requerimientos ministeriales.
La comparecencia de Maru Campos se realizará en medio de tensiones políticas entre el gobierno estatal de Chihuahua y la administración federal encabezada por Morena, partido al que la gobernadora acusa de impulsar una estrategia de persecución política rumbo a las elecciones estatales de 2027.
Mientras continúan las investigaciones, la FGR mantiene abiertas diversas líneas relacionadas con la participación de agencias extranjeras en operativos de seguridad en México, así como la posible violación de protocolos institucionales durante el despliegue en la Sierra Tarahumara.
