– Fernando N. agredió a una niña de su entorno familiar entre 2014 y 2019.
Redacción / Puebla, Pue.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró la ratificación y el carácter definitivo de una sentencia condenatoria de 19 años y seis meses de prisión en contra de Fernando N., al acreditarse su plena responsabilidad penal en los delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en agravio de una menor de edad. Esta resolución marca la conclusión del proceso judicial al agotar todas las instancias de apelación interpuestas por la defensa.
De acuerdo con la información recabada en la carpeta de investigación y expuesta por la autoridad ministerial, los actos ilícitos se perpetraron de manera reiterada a lo largo de cinco años, específicamente entre 2014 y 2019, periodo en el cual la víctima era una niña. El expediente detalla que el ahora sentenciado aprovechó la cercanía y el nivel de confianza que derivaba de pertenecer al mismo entorno familiar de la afectada para llevar a cabo dichas agresiones en distintos momentos y diversos domicilios ubicados en la ciudad de Puebla.
Para sustentar la acusación formal, la FGE integró un bloque de pruebas testimoniales, periciales y documentales. Durante la etapa del juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento valoró estos elementos de prueba, determinando de forma contundente la existencia de los delitos, así como la participación directa del acusado. Producto de este análisis legal, el órgano jurisdiccional dictó la pena privativa de la libertad y ordenó el pago de una multa superior a los 38 mil pesos, además de imponer la obligación económica correspondiente a la reparación del daño en favor de la víctima.
En un intento por revertir el fallo de primera instancia, el equipo de defensa de Fernando N. promovió un recurso de apelación. El caso fue turnado al Primer Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal, cuyos magistrados revisaron las diligencias y resolvieron confirmar en todos y cada uno de sus términos la sentencia condenatoria inicial, desestimando los alegatos de la parte apelante.
Finalmente, mediante un proveído judicial con fecha del 28 de mayo de 2026, la autoridad competente declaró que la resolución había causado ejecutoria. Con esta determinación, la sentencia adquirió un carácter firme y definitivo para todos los efectos legales aplicables, garantizando el acceso a la justicia para la menor y la aplicación efectiva de las sanciones dictadas por las leyes vigentes para la protección de la niñez en la entidad.
