Juan Rubio – Sin Corbata.
Lo que está ocurriendo en Acatlán de Osorio no se puede leer como un hecho aislado ni como un simple pleito entre funcionarios. Lo que muestran los hechos es algo más serio: un gobierno municipal dividido, con señales de desgaste, conflictos internos, reclamos de trabajadores, acusaciones públicas y una autoridad que ya no parece tener el control político ni la confianza de su propio equipo.
Cuando un cabildo decide pedir al Congreso del Estado que revise la permanencia de la presidenta municipal, el mensaje no es menor. Más allá de si el procedimiento avanza o no, el solo hecho de que la mayoría de los regidores respalde una solicitud así habla de una ruptura profunda al interior del Ayuntamiento. No se trata de una diferencia administrativa cualquiera. Se trata de una señal de que la gobernabilidad está golpeada y de que la relación entre la alcaldesa y su propio cabildo ya está rota o, por lo menos, muy dañada.
A eso se suma el paro de trabajadores de Servicios Públicos, que no solo exhibe inconformidad laboral, sino también descuido institucional. Si los empleados denuncian falta de insumos, ausencia de despensas, fallas en los camiones recolectores, bajos salarios y acoso laboral, entonces el problema ya no es solo político: también es operativo. Un ayuntamiento que no puede garantizar condiciones mínimas a su personal termina afectando directamente a la ciudadanía, porque la basura no se recoge sola, las calles no se limpian solas y los servicios no funcionan por voluntad divina.
Peor aún, el conflicto se agrava por las denuncias sobre una presunta agresión armada atribuida a un funcionario municipal. Aunque toda acusación debe investigarse y probarse ante la autoridad correspondiente, el simple hecho de que exista una versión pública tan grave ya ensucia el ambiente político y obliga a una respuesta seria, inmediata y transparente. En estos casos, callar, minimizar o dejar correr el escándalo solo aumenta la desconfianza.
Lo más preocupante es que la administración parece moverse de crisis en crisis, respondiendo tarde y a presión. Primero, el choque con regidores; luego, el paro de trabajadores; después, la polémica por el funcionario señalado; y al final, acuerdos de emergencia para apagar fuegos que ya estaban demasiado extendidos. Eso no es gobernar. Eso es sobrevivir políticamente. Y cuando un ayuntamiento gobierna solo para apagar incendios, deja de atender lo que de verdad importa: el orden, la confianza y los servicios públicos.
La presidenta municipal, por supuesto, tiene derecho a defenderse y a sostener que sus decisiones carecen de fundamento legal, como señaló en su posicionamiento. Pero defenderse no basta cuando la percepción pública ya está deteriorada. Una autoridad que enfrenta críticas por inseguridad, falta de obras, desorganización interna y presuntos abusos necesita mucho más que una respuesta escrita: necesita resultados visibles, apertura y capacidad para reconstruir la relación con la gente y con sus propios funcionarios.
Acatlán no necesita más confrontación. Necesita un gobierno que resuelva, no que se desgaste en pleitos. Necesita que el Congreso revise lo que tenga que revisar con apego a la ley, que las denuncias se investiguen sin protección para nadie y que los servicios públicos vuelvan a funcionar con normalidad. Porque al final, quien paga la factura de estos conflictos no son los regidores ni la presidenta: es la población.
