– Grupo PRYSE logró la licitación pese a tener penalizaciones en otras dependencias federales.
Redacción / Información Nacional
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó recientemente el contrato para el resguardo de sus instalaciones a Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México S.A. de C.V., una decisión administrativa que de inmediato atrajo el escrutinio de los órganos de fiscalización. La asignación de este servicio encendió las alertas de las autoridades de transparencia, debido a que dicha compañía acumula un historial de observaciones y penalizaciones dentro del registro de proveedores del Gobierno Federal.
El debate en torno a esta proveeduría tiene su origen en el desempeño previo de la corporación dentro de la administración pública. Según los registros de adquisiciones oficiales, Grupo PRYSE operó la vigilancia para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y para la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Estas asignaciones ocurrieron precisamente durante la gestión de Javier Tapia, quien ocupaba posiciones clave en la administración de recursos de ambas instituciones.
Durante ese periodo, la empresa de seguridad logró expandir su presencia en el sector y conseguir contratos millonarios, incluso cuando ya acumulaba requerimientos y penalizaciones en los archivos de la Secretaría de la Función Pública. Este patrón de contratación repetitiva evidencia la falta de comunicación o supervisión cruzada entre las dependencias, considerando que la normativa de adquisiciones prohíbe entregar recursos públicos a proveedores con sanciones vigentes.
La llegada de PRYSE al Politécnico cuestiona directamente la eficacia de los filtros de validación en la institución educativa. Para las autoridades auditoras, resulta necesario aclarar cómo una compañía con estos antecedentes logró cumplir con los estándares técnicos y legales que exigen las bases de licitación para proteger los inmuebles de la casa de estudios.
Hoy en día, los expedientes que sustentan este proceso de compra se encuentran resguardados por las instancias de rendición de cuentas del sector educativo. El comportamiento contractual de Grupo PRYSE y los fallos de adjudicación se mantendrán abiertos a futuras auditorías, las cuales tendrán la tarea de determinar si la empresa omitió información deliberadamente o si los controles internos del IPN fallaron al momento de revisar la documentación fiscal y legal.
