– El gobierno sustituye redadas masivas por rastreo tecnológico, logrando cifras inéditas de capturas.
José Gallardo / Información Internacional
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) modificó su estrategia operativa en Estados Unidos. Al dejar de lado los grandes despliegues públicos que generaron resistencia urbana, la agencia federal implementó métodos de búsqueda basados en inteligencia artificial, explotación de bases de datos y espionaje digital en hogares y centros laborales. Esta transición, sumada a una mayor colaboración policial local, resultó en la captura de 10 mil extranjeros indocumentados en solo cinco días.
Tom Homan, encargado de la política fronteriza de Donald Trump, confirmó el aumento de aprehensiones y advirtió que el objetivo abarca tanto a individuos con antecedentes penales como a quienes carecen de ellos. Documentos internos gubernamentales validan esta tendencia, mostrando que el ritmo diario de detenciones pasó de mil a más de 2 mil diarios hacia finales de junio.
La reestructuración de la táctica fue impulsada por el subjefe de gabinete, Stephen Miller, como respuesta a los bloqueos logísticos en urbes como Los Ángeles, Chicago y Mineápolis. Para esquivar esta oposición, el gobierno federal incrementó los acuerdos de colaboración con condados rurales y estados afines. Las estadísticas lo reflejan: mientras en 2025 existían mil 130 pactos de cooperación entre autoridades locales y el ICE, para julio de 2026 la cifra escaló a 2 mil 78.
Ariel Ruiz Soto, investigador del Migration Policy Institute, explica que este volumen de arrestos se apoya en el cruce de información y en detenciones por infracciones menores de tránsito para verificar el estatus migratorio. No obstante, el especialista aclara que un aumento en las capturas no garantiza un alza proporcional en las deportaciones, pronosticando que el gobierno podría quedarse corto frente a su meta de un millón de expulsiones.
El impacto de estas directrices ya registra efectos colaterales en la economía. Reportes de la Brookings Institution y medios locales en Virginia documentan escasez de mano de obra en el sector agrícola y el cierre de negocios tras las inspecciones laborales, lo que termina por suprimir fuentes de trabajo para los propios ciudadanos estadunidenses.
A esto se suma el reciente fallo de la Suprema Corte que faculta al Poder Ejecutivo para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 350 mil ciudadanos de Haití y Siria. Aunque la medida abre la puerta a más expulsiones, ha generado un frente de rechazo incluso dentro del Partido Republicano. Legisladores conservadores como Carlos Giménez y Mike Lawler advierten que una tercera parte de la comunidad haitiana amparada labora en el sistema de salud. Su salida forzada crearía un vacío de personal médico insostenible en hospitales, demostrando que la ejecución de la política migratoria encuentra hoy sus mayores obstáculos en las consecuencias operativas y económicas que genera para el propio país.
