– El gobierno denunciará ante fiscalías estadounidenses y exigirá frenar operaciones a gestores de prisiones privadas.
José Gallardo / Información Internacional
Ante la ineficacia de las vías diplomáticas, el Gobierno de México anunció este jueves que llevará a los tribunales las muertes de 17 mexicanos ocurridas bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El canciller Roberto Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a la Fiscalía General de la República formalizar denuncias ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia del país vecino para iniciar investigaciones penales.
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum representa un cambio de estrategia en la defensa de los connacionales. Previamente, la actual administración había enviado 11 notas de protesta a Washington para exigir que se esclarecieran los decesos registrados durante la presente política migratoria, sin obtener respuestas útiles. De los 17 fallecimientos reportados, 14 sucedieron en distintos centros de detención y tres más durante operativos de captura.
El endurecimiento de la postura legal ocurre apenas dos días después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas. Salgado, quien residió 30 años en Estados Unidos, falleció en un hospital tras recibir disparos de agentes del ICE mientras conducía su vehículo. Al respecto, la presidenta Sheinbaum calificó los actos como homicidios y señaló que parecen ataques dirigidos, justificando la intervención en tribunales sin que esto implique una ruptura de las relaciones bilaterales.
A la par de las denuncias penales, el Estado mexicano emprenderá acciones civiles. Mediante cartas de «cese y desistimiento», la cancillería se lanzará contra las corporaciones privadas que administran los centros de retención de migrantes. Uno de los principales frentes es el Grupo GEO, operador de las instalaciones de Adelanto, donde han fallecido al menos cuatro mexicanos, incluyendo los casos recientes de José Guadalupe Ramos Solano y Sergio Alonso López. A esta y otras empresas se les señala por incurrir en reiteradas negligencias médicas y mantener condiciones operativas que vulneran los derechos humanos básicos.
Para reforzar el frente internacional, la SRE solicitará la intervención formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. El objetivo inmediato es garantizar la integridad física de los más de 13,722 mexicanos que actualmente continúan recluidos por motivos de estatus migratorio. Como siguiente paso, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, y las autoridades consulares sostendrán reuniones de alto nivel con congresistas y autoridades estadounidenses para exigir un alto definitivo a las violaciones sistemáticas en la frontera.
