– La organización LULAC afirma que el ICE busca la autodeportación de tres acompañantes del fallecido.
José Gallardo / Información Internacional
Tres migrantes detenidos durante el operativo donde agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) mataron al mexicano Lorenzo Salgado Araujo enfrentan presiones oficiales para firmar su autodeportación, denunció Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). El activista alertó que las autoridades buscan expulsar de Estados Unidos a los únicos testigos directos del suceso ocurrido el pasado martes.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Salgado Araujo desobedeció las órdenes de los oficiales e intentó embestir a un agente con su camioneta, lo que provocó que este disparara en presunta defensa propia. El trabajador de la construcción recibió un disparo en el abdomen y falleció posteriormente en un centro médico local.
Sin embargo, la versión oficial es cuestionada por la organización civil y los familiares de la víctima. Al momento del arresto, Salgado viajaba acompañado por su hermano y dos compañeros de trabajo, quienes actualmente se encuentran recluidos en instalaciones migratorias. Proaño afirmó que, tras lograr comunicación con sus familias, los detenidos revelaron estar bajo fuertes coacciones para aceptar su salida voluntaria del país. «Los están presionando para que firmen órdenes de autoexpulsión; estos hombres tienen la clave de lo que realmente sucedió», aseveró el dirigente.
El caso ha generado exigencias de transparencia por parte de legisladores demócratas y defensores de los derechos civiles, quienes demandan la entrega inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes implicados. La desconfianza aumenta al recordar antecedentes como el de Renee Good en Minneapolis, donde grabaciones de testigos desmintieron la versión del ICE sobre una supuesta agresión vehicular. Actualmente circulan videos informales: uno muestra un auto negro sin identificación persiguiendo la camioneta de Salgado y otro registra al afectado herido en el suelo. LULAC ofreció una recompensa de 5,000 dólares por más evidencia.
Paralelamente, la entrega del cuerpo se encuentra detenida debido a trabas burocráticas. Las autoridades exigen que sea la esposa quien lo reclame, pero su condición migratoria irregular representa un riesgo de arresto, por lo que se tramita un poder legal para que su hijo Ronaldo realice la gestión. Ante el escenario, el gobierno mexicano anunció una ofensiva jurídica que contempla denuncias penales en el país vecino y acciones civiles contra las empresas operadoras de centros de detención.
