-La iniciativa diferencia entre capital privado y Estados extranjeros, incluido el caso de Israel
Redacción / Internacional.
El presidente Javier Milei impulsa una reforma para eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de inversores privados extranjeros, mientras mantiene controles específicos para gobiernos extranjeros y empresas estatales. La iniciativa será discutida por el Senado como parte de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La propuesta deroga los principales límites de la Ley de Tierras Rurales de 2011, que actualmente impide que extranjeros controlen más del 15 por ciento de las tierras rurales del país y restringe la adquisición de predios ubicados en zonas fronterizas, glaciares y áreas cercanas a cuerpos permanentes de agua.
El gobierno de Milei sostiene que la reforma busca atraer inversiones privadas internacionales y que las restricciones vigentes han frenado proyectos millonarios, principalmente en los sectores forestal y agroindustrial. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la legislación actual ha desalentado la llegada de capital extranjero para desarrollar proyectos productivos.
Uno de los ejes de la iniciativa establece una diferencia entre el sector privado extranjero y el sector público extranjero. Mientras personas físicas y empresas privadas podrán acceder a un mercado con menos restricciones para adquirir tierras rurales, los gobiernos extranjeros, empresas estatales o sociedades controladas por un Estado seguirán requiriendo autorizaciones específicas y estarán sujetos a mayores controles. El proyecto también contempla sanciones para quienes intenten ocultar el origen estatal de una operación mediante empresas fachada o prestanombres.
En este contexto, la relación entre el gobierno de Javier Milei e Israel ha cobrado relevancia. Durante su administración, ambos países han fortalecido la cooperación mediante los Isaac Accords, que contemplan acuerdos en materia de seguridad, tecnología, innovación, comercio e inversión, además del respaldo diplomático entre ambas administraciones.
De acuerdo con la información disponible, empresas y fondos privados de capital israelí participan en sectores como el agro, la tecnología y la gestión hídrica en Argentina. En contraste, el Estado de Israel y sus empresas estatales no cuentan con registros de compras directas de tierras rurales en el país y, de aprobarse la reforma, continuarían sujetos a autorizaciones especiales para cualquier operación de este tipo, conforme a la propuesta impulsada por el gobierno argentino.
Argentina cuenta con aproximadamente 266.7 millones de hectáreas rurales, de las cuales cerca de 16.2 millones, equivalentes al seis por ciento, pertenecen a propietarios extranjeros, una cifra inferior al límite legal vigente. La votación en el Senado definirá si la administración de Javier Milei concreta una de las reformas más importantes de su política económica, con efectos sobre la inversión internacional y el mercado de tierras rurales.
