A partir de las declaraciones de la panista Natalia Torres de marginar de los procesos electorales a la población considerada “ignorante”, otras voces de la derecha se han unido a esta iniciativa. Si bien la declaración primera fue explicada con miras a justificar la tesis, la verdad es que tal propuesta niega un derecho político que se sustenta en un principio básico de la democracia: el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.
Hay que aceptar que el ejercicio pleno de la democracia va más allá del voto; un voto sin voz ni participación ciudadana en las decisiones de los funcionarios elegidos, queda incompleta; pero otorgar el derecho al voto únicamente a un sector privilegiado de la población, es hacer retroceder la historia hasta los gobiernos conservadores de los años 30 del siglo XIX.
Volviendo la vista a la historia del México independiente de la primera mitad del siglo XIX, hasta el triunfo de la República, tras la caída del imperio de Maximiliano, nos damos cuenta que fue una época políticamente inestable; liberales y conservadores se disputaron el poder.
En este contexto, en 1836 se estableció la República Centralista, cuyas bases constitucionales fueron llamadas “Siete Leyes”, promulgadas el 30 de diciembre de ese año por el presidente interino José Justo Corro, en el contexto de la virtual dictadura de Antonio López de Santa Ana.
El documento era una de las mejores expresiones del proyecto político conservador. Se iniciaba con una introducción que refrendaba a la religión como el factor de unidad nacional, el inciso primero del artículo 3, establecía como obligación de los mexicanos “profesar la religión de su Patria”, esto es, la católica.
Pero lo que evoca la postura de la panista Natalia Torres y quienes la apoyan, es que las “Siete Leyes” concretaban la preeminencia de los propietarios sobre el resto de la población mexicana, tanto para ocupar puestos públicos como para obtener la ciudadanía, que entre otros derechos daba la facultad de elegir a los gobernantes.
En la primera de las “Siete Leyes”, la distinción era clara entre mexicano y ciudadano mexicano. El artículo primero de la “Primera Ley”, establecía las condiciones para ser mexicano: haber nacido en territorio mexicano de padres mexicanos o naturalizado, o nacido en el extranjero de padres mexicanos o naturalizados, ser hijo de padres extranjeros que hayan permanecido en el país, ser extranjero que al momento de la independencia radicara en el país o haber obtenido carta de naturalización.
Sin embargo, para ser ciudadano mexicano, es decir, para tener derecho a votar, el artículo 7 exigía, además de los cinco primero párrafos del artículo primero, el tener “una renta anual lo menos de cien pesos, procedentes de capital fijo, mobiliario, de industria o trabajo personal honesto, y útil a la sociedad. Solo quienes cumplieran esas condiciones podrían votar o ser votados.
Condiciones semejantes se establecieron en la “Tercera Ley” para ocupar un cargo de elección: para diputados, tener un capital físico o moral que produjera mil 500 pesos anuales; para senador, dos mil 500 pesos; para presidente de la República, 4 mil pesos.
De este modo, en un país que venía de 300 años de dominación española, con una enorme brecha entre los dueños del capital y la población empobrecida, tanto rural como urbana, para los conservadores sólo una minoría tenía derecho a votar y a gobernar.
Afortunadamente, en 1841 estas leyes fueron suprimidas, y cinco años más tarde se inició la invasión a México de los Estados Unidos, que concluyó en 1948 con el despojo de la libertad de nuestro territorio. Sin embargo, esta legislación mostró el carácter clasista del conservadurismo.
Ese mismo clasismo está presente en la propuesta de hacer selectivo el derecho al voto, y para esto, plantear que el Instituto Nacional Electoral (INE), someta al ciudadano a un examen calificativo de su nivel educativo para otorgar la credencial de elector.
Es claro que la propuesta de esta militante del PAN no tiene posibilidades de concretarse; pero muestra que el conservadurismo no ha cambiado; por el contrario, se ha agravado con su alineación con la extrema derecha internacional. Lo dicho por Natalia Torres, así como la propuesta de reducir el voto a uno por familia, no hacen sino confirmar que la derecha no ha cambiado en el transcurso de dos siglos.
La otra cara de la moneda
Pero la democracia electoral tiene un problema que en ningún proceso ha podido superarse: el de los vicios de las campañas electorales, cuidadosamente cultivados por partidos y candidatos, y agravados a partir de la campaña electoral del año 2000.
Otrora, los candidatos hacían campaña “a pie”, esto es: recorriendo el territorio, conociendo y haciéndose conocer por los electores. A partir de la campaña presidencial de Vicente Fox, se iniciaron las campañas mediáticas; Fox hizo campaña a través de las televisoras, acudió a programas de entretenimiento, y así convenció al electorado y a los llamados intelectuales que pidieron votar por él.
La excepción fue López Obrador, que por varios años recorrió el país, conoció los problemas del país, a su gente y fue construyendo un proyecto de nación. Hoy los aspirantes a cargos de elección popular pretenden darse a conocer, al cuarto para las 12, en redes sociales, en mantas, pendones y bardas; no conocen al electorado y tampoco los conocen los electores.
Como si eso fuera poco, los partidos buscan expertos en mercadotecnia para diseñar las campañas, lo que convierte a los candidatos en mercancía y a los electores en consumidores. No se proponen proyectos de nación, proyectos estatales o municipales, no se explica cuál será el papel del futuro legislador; se vende al candidato como mercancía y no se permite al ciudadano razonar su voto.
Así mismo, por parte del electorado está el problema de la falta de educación cívica; algo que le impide a la mayoría de la población decidir su voto con libertad y responsabilidad. Pero este será tema del próximo Punto de Vista.
Fidelidad al rey de España Varias organizaciones de derecha pro-hispanista resucitarán el “Paseo del Pendón”, una tradición de la época del dominio español. En la época de “La Colonia”, cada 13 de agosto autoridades civiles y religiosas desfilaban con el estandarte de la monarquía española, para refrendar su fidelidad al rey. Este año, el 15 de agosto se celebrará una misa en un templo de la capital, y luego se realizará el desfile. Ya veremos cómo resulta el intento de “gachupinizar” a México.
