**Es investigado por presuntos delitos relacionados con bloqueos y protestas**
Redacción
Información internacional.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, como parte de una investigación por los bloqueos carreteros y protestas que se extendieron durante 53 días en distintos puntos del país. La acción penal deriva de una denuncia presentada de manera conjunta por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
De acuerdo con la resolución, suscrita por un fiscal de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, Morales es investigado por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos, además de asociación delictuosa.
El documento señala que la presencia del exmandatario es necesaria para continuar con las investigaciones y esclarecer los hechos denunciados, por lo que la orden de aprehensión fue emitida conforme a las disposiciones establecidas en la legislación boliviana y criterios fijados por la justicia constitucional del país.
Tras conocerse la resolución, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso judicial busca responsabilizar a su movimiento de las movilizaciones sociales para desviar la atención de la situación económica y social que enfrenta Bolivia. A través de un mensaje publicado en la red social X, afirmó que las acciones legales no detendrán a su grupo político.
«No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos», escribió el exmandatario.
La investigación busca determinar la presunta autoría intelectual, organización y logística de los bloqueos, los cuales, según las autoridades, provocaron pérdidas económicas, desabasto de alimentos e insumos básicos, además de afectar el transporte de carga y pasajeros en gran parte del territorio boliviano.
Además de Morales, el proceso incluye a diversos dirigentes sociales y sindicales. Entre ellos se encuentra Vicente Salazar, líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, quien ya enfrenta un proceso bajo custodia preventiva. Las movilizaciones fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Túpac Katari y grupos afines al expresidente, quienes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El gobierno boliviano sostiene que las protestas no correspondieron a una manifestación social legítima, sino a una estrategia para desestabilizar la administración de Rodrigo Paz. Por su parte, la Fiscalía continuará con las diligencias para definir las responsabilidades de los involucrados en los hechos investigados.
