-La protesta derivó en el incendio de la vivienda vinculada a la jueza que emitió la orden
Redacción / Internacional.
El desalojo de una mujer de 72 años de su vivienda, ejecutado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en cumplimiento de una orden judicial, desencadenó una serie de protestas y hechos violentos en el municipio de Nebaj, departamento de Quiché, donde un grupo de pobladores incendió una vivienda vinculada con la jueza que autorizó el procedimiento.
La mujer, identificada como Juana Santiago Chel, fue retirada de su domicilio ubicado en la comunidad de Xecoxol durante un operativo realizado por elementos antimotines de la PNC.
De acuerdo con la información difundida, el desalojo derivó de un conflicto legal por la propiedad del terreno promovido por uno de sus hijos, Pedro Santiago López, quien presuntamente buscaba obtener el inmueble. Según versiones compartidas por la propia adulta mayor y publicaciones difundidas en redes sociales, ella se negó a firmar documentos relacionados con la vivienda y posteriormente enfrentó el proceso judicial que concluyó con la orden de desalojo.
Videos del operativo muestran el momento en que la mujer fue retirada por varios agentes, quienes la cargaron de brazos y piernas después de que se negara a abandonar el inmueble. En las imágenes también se observa a la adulta mayor arrodillarse frente a las autoridades mientras, entre lágrimas, les pedía que le permitieran conservar su vivienda.
La difusión de esas escenas provocó una amplia reacción entre habitantes de Nebaj y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la forma en que se ejecutó el procedimiento.
Horas después del desalojo, un grupo de manifestantes acudió a una vivienda que, según diversas versiones, pertenece a la jueza de Paz Ada Madaí López Morales, señalada como la funcionaria que emitió la orden judicial. El inmueble fue incendiado durante la protesta.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para controlar el fuego; sin embargo, reportes preliminares indican que algunos manifestantes dificultaron las labores de emergencia mientras se desarrollaban los disturbios.
Tras los hechos, el Ministerio Público (MP) de Guatemala condenó los actos de violencia e informó que iniciará investigaciones para identificar y detener a las personas responsables del incendio de la vivienda relacionada con la jueza.
El pronunciamiento generó nuevas reacciones entre sectores de la población, ya que algunos manifestantes señalaron que las autoridades anunciaron acciones penales por los daños ocasionados durante la protesta, pero no hicieron referencia a la legalidad del proceso de desalojo ni a las denuncias sobre las circunstancias que originaron el conflicto familiar.
Paralelamente, el abogado Elmer Salguero informó que presentó un Recurso de Exhibición Personal en favor de Juana Santiago Chel, al considerar que existía un riesgo para su integridad física y su salud tras haber sido desalojada.
El recurso fue recibido por el Juzgado de Paz del municipio de Nebaj el 30 de julio de 2026 a las 21:33 horas, y se sustenta en disposiciones de la Constitución Política de Guatemala, el Código de Salud, la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
El abogado sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la vida, la salud y los derechos fundamentales de la adulta mayor, además de advertir que las autoridades competentes tienen la obligación de proteger su bienestar durante el desarrollo del proceso.
Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han informado si revisarán el procedimiento judicial que derivó en el desalojo ni han emitido una resolución sobre la situación legal del inmueble en disputa.
El caso continúa bajo investigación y ha abierto un debate en Guatemala sobre los límites en la ejecución de órdenes judiciales, la protección de los derechos de las personas adultas mayores y la respuesta de las instituciones ante conflictos familiares relacionados con la propiedad de bienes.
