– Agencias privadas rastrearán en México y Centroamérica a personas con deudas migratorias pendientes.
José Gallardo / Información Internacional
El gobierno estadounidense inició un proceso para contratar empresas de cobranza encargadas de localizar a miles de migrantes deportados, principalmente en México, Honduras y Guatemala. Su propósito es exigir el pago de multas millonarias por diversas faltas migratorias cometidas en el pasado.
Según datos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), actualmente buscan a 66,387 personas que deben en conjunto más de 423 millones de dólares. Las penalizaciones incluyen cobros de 998 dólares por cada día que la persona se quedó en el país tras recibir una orden de salida, los cuales pueden acumularse por un periodo de hasta cinco años. Además, a quienes son detenidos cruzando la frontera sin permiso se les aplica una sanción de 15 mil dólares, una cantidad que puede ser mayor si el arresto ocurre en zonas bajo vigilancia combinada de agentes y fuerzas armadas.
Para ejecutar esta medida, la CBP cerró recientemente una licitación de tres días. Las empresas que ganen el contrato tendrán la tarea de buscar a los deudores en sus países de origen para notificarles la deuda frente a frente. Los agentes de cobranza deberán entregar folletos con la cantidad a pagar y los pasos para liquidarla mediante el portal oficial pay.gov. Sin embargo, este proceso resulta complicado para los deportados, ya que el sistema exige contar con una cuenta bancaria activa en Estados Unidos.
El peso de estas sanciones ya es visible y está llegando a los domicilios. Un ejemplo claro es el de una madre mexicana que radicaba en San Diego y tiene tres hijos estadounidenses; apenas esta semana recibió por correo una notificación de cobro por un millón 820 mil dólares. Esta acción marca una nueva etapa en las políticas migratorias, enfocada ahora en perseguir la deuda económica más allá de las fronteras
