**Radiografía de la Seguridad en los 600 días de la cacería en Puebla**
A 600 días de gobierno, Alejandro Armenta Mier exhibe la cifra que más pesa en la balanza política: más de 10 mil detenciones, producto de la coordinación entre Policía Estatal, Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar).
No es una cifra que se lea sola. Detrás de cada número hay un nombre, un cargo o un alias, y ese es el ejercicio que le corresponde a esta columna: ordenar el mapa de la caída del pez más grande, al eslabón más reciente. Lo anterior, reflejo de la buena coordinación entre el Gobierno estatal con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.
Los objetivos prioritarios: los rostros del huachicol y la violencia
En la cúspide del organigrama criminal desmantelado, aparece Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, líder histórico del robo de hidrocarburos en Chignahuapan y la región centro-oriente, con más de una década de operación impune entre Puebla y Veracruz. Su captura es, hasta ahora, el golpe más simbólico del sexenio en curso.
Le siguen Miguel N., “El Pelón Caltenco2, detenido en Tepeaca en un operativo conjunto de Marina y Policía Estatal por robo de transporte, narcomenudeo, extorsión y homicidios en Acatzingo, Huixcolotla y Los Reyes de Juárez; Erik N., de “Los Marroquín”, capturado en la Mixteca por distribución de drogas en Chietla e Izúcar de Matamoros; y Luis Alfredo N., “El Caicas”, recapturado el 20 de enero de 2025, y señalado por el homicidio de cuatro personas en un panteón de Chietla.
El 14 de agosto de 2026, en Tilapa, cayó Calep N., “El Calep”, presunto líder de «Los Rojos» en la Mixteca, generador de violencia en Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, Chietla y Tehuitzingo. Y el caso que más sacudió a la opinión pública sigue siendo el de Rafael N., “El Francotirador”, empresario español detenido en Santa Fe, San Andrés Cholula, tras disparar contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl y herir de gravedad a un menor.
A ese expediente se suma un nombre que golpea distinto: José A., familiar político del propio gobernador, detenido por presunto fraude genérico. La Fiscalía no distinguió parentescos, y ese dato —más allá de la anécdota— es el que debería sostener la narrativa oficial de “cero impunidad”: o aplica para todos, o no aplica para nadie.
En el frente de las estructuras criminales, Puebla capturó a 9 integrantes de la “Operativa Barredora”, brazo armado ligado al CJNG, vinculados al hallazgo de cuerpos en la feria, y a 16 miembros de “La Familia Michoacana” que operaban en mercados y tianguis de la capital.
Alcaldes: usaban la placa como blindaje
Durante décadas, el palacio municipal fue aduana autónoma: la ley se negociaba en lo “oscurito” y la banda presidencial funcionaba como salvoconducto. Ese régimen se agrieta. Van cinco alcaldes presos bajo la llamada «Operación Enjambre» entre ellos:
-Gerardo Cortés, Acajete.
-Ramiro González Vieyra, San Nicolás Buenos Aires; vinculado a extorsión y secuestro junto a su red familiar.
-Juan Pérez Moral, San Juan Tianguismanalco; procesado por la presunta violación de una trabajadora dentro del propio Ayuntamiento.
-David Velázquez, Chietla; Gonzalo Torres, Tehuitzingo; y José Santiago Benítez, Chila de la Sal, los tres señalados de tejer redes de protección para «Los Rojos» en la Mixteca poblana.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya lo advirtió: hay al menos siete ediles más bajo la lupa, por denuncias anónimas y presuntos nexos financieros con el crimen organizado. La lista, todo indica, no está cerrada.
Directores de Seguridad: la bisagra que protegía al crimen
Si los alcaldes representan el poder político capturado, los directores de Seguridad son la bisagra operativa. En la Sierra Norte cayeron Manuel Martínez (Jopala), Ángel Miguel Garrido (Tlaola) y Evencio Rosas (Tlapacoya), tras el hallazgo de un narcolaboratorio de metanfetamina que operaba, según las autoridades, prácticamente bajo su jurisdicción directa.
El golpe más reciente llegó hasta Atlixco, con la detención de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana, acusado de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de deber legal, con presuntos nexos al crimen organizado. En total, siete mandos de Seguridad municipal duermen ya tras las rejas.
El narcolaboratorio Jopala-Tlapacoya
El desmantelamiento del narcolaboratorio en el ejido Ahuacatlaya —cerca de 500 kilos de metanfetamina, más de 25 mil litros de precursores químicos, valor estimado superior a 2 mil millones de pesos, y ganancias calculadas en 400 mil pesos diarios— no es un dato aislado.
Es, geográficamente, el mismo territorio donde cayeron dos de los directores de Seguridad detenidos por encubrimiento. La coincidencia no prueba una conspiración organizada, pero sí traza una línea que la Fiscalía tiene la obligación de seguir hasta el final.
El fondo del asunto
Descabezar policías sin tocar a quienes las protegían, es podar las hojas sin arrancar la raíz. Por eso el verdadero indicador de éxito de este “Enjambre”, no está en el número de detenidos, sino en si la Fiscalía logra sostener las causas penales hasta sentencia, incluso cuando el apellido detenido coincide con el del gobernador. “Cero impunidad” no es un eslogan de campaña: es una política que se mide en juzgados, no en boletines de prensa.
Nos leemos pronto.
