-Autoridades advierten que pueden ser utilizadas para vigilar patrullajes y movimientos de seguridad
Abraham Onofre / Izúcar de Matamoros, Pue.
Las llamadas cámaras parásitas son sistemas de videovigilancia instalados ilegalmente en postes de alumbrado, telefonía, árboles e inmuebles públicos que, de acuerdo con autoridades federales y estatales, han sido utilizadas presuntamente por células delictivas para monitorear los movimientos de corporaciones de seguridad y controlar zonas estratégicas.
El tema cobró relevancia en Izúcar de Matamoros luego de que un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública municipal asegurara siete equipos colocados sin autorización en espacios públicos. Sin embargo, el principal objetivo de estas acciones no es únicamente retirar cámaras, sino impedir la operación de redes clandestinas de vigilancia que podrían facilitar actividades ilícitas.
¿Qué es una cámara parásita?
El término “parásita” no describe el modelo o la tecnología del dispositivo, sino la forma en que es instalado. Se trata de cámaras conectadas de manera clandestina a infraestructura pública, aprovechando postes de la Comisión Federal de Electricidad, redes de telecomunicaciones o mobiliario urbano para obtener energía eléctrica y una ubicación privilegiada sin contar con autorización de las autoridades o de las empresas propietarias.
Generalmente son equipos tipo bala o domo, sujetos con abrazaderas metálicas y acompañados de cajas improvisadas para alimentar el sistema eléctrico o transmitir la señal de video.
¿Para qué las utilizan?
Según información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y diversas fiscalías estatales, estas cámaras han sido relacionadas en distintos operativos con presuntas redes de vigilancia del crimen organizado.
Su función consiste en proporcionar información en tiempo real sobre lo que ocurre en calles, carreteras y accesos a comunidades. Entre los usos que las autoridades han documentado se encuentran:
Vigilar entradas y salidas de colonias o municipios.
Detectar patrullajes de policías municipales, estatales y fuerzas federales.
Alertar sobre la llegada de convoyes militares, cateos u operativos.
Monitorear domicilios o zonas donde existen disputas entre grupos delictivos.
Coordinar actividades mediante centros de monitoreo clandestinos.
La ubicación de estos dispositivos suele responder a una lógica estratégica: cruceros, avenidas principales, accesos carreteros y puntos elevados desde donde es posible observar amplias áreas de circulación.
No todas pertenecen al crimen organizado
Las propias autoridades hacen una distinción importante: no toda cámara instalada irregularmente es propiedad de un grupo delictivo. Existen casos en los que particulares colocan equipos de vigilancia en infraestructura pública sin permisos, lo que también constituye una instalación ilegal.
Por ello, cada dispositivo asegurado es tratado como un indicio y queda bajo investigación para determinar quién lo instaló, si almacenaba imágenes o si estaba conectado a algún centro de monitoreo.
¿Por qué las retiran las autoridades?
La Secretaría de Seguridad Pública señaló que estos equipos representan un posible riesgo para la seguridad pública porque permiten obtener información sobre las rutinas de ciudadanos y de las corporaciones encargadas de la vigilancia.
Durante los operativos, los elementos localizan el cableado clandestino, desconectan la alimentación eléctrica, retiran los equipos y los ponen a disposición de las autoridades competentes para su análisis.
En Izúcar de Matamoros, el reciente operativo permitió asegurar siete cámaras instaladas sin autorización, como parte de una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno para impedir la operación de sistemas de vigilancia ajenos a la red institucional y fortalecer la seguridad en los espacios públicos.
