-Activista solicita revisar carpeta archivada por presuntos abusos de 2022
Juan Rubio | Atlixco, Pue.
La activista Ana María López Romero solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla la reapertura de una carpeta de investigación iniciada en 2022, en la que denuncia presunta desaparición forzada, detención arbitraria, abuso de autoridad y violaciones a sus derechos humanos durante un operativo realizado por autoridades municipales de Atlixco.
La petición fue presentada ante la sede de la FGE, luego de que la denunciante asegurara que el expediente fue archivado el 15 de junio de 2025 sin haber recibido una notificación formal. Por ello, pidió que las actuaciones ministeriales sean revisadas nuevamente y que el caso continúe conforme a derecho.
Señala a exfuncionarios municipales
En conferencia de prensa, López Romero afirmó que los hechos ocurrieron el 19 de mayo de 2022, cuando presuntamente fue víctima de un operativo encabezado por servidores públicos del Ayuntamiento de Atlixco.
Entre las personas señaladas mencionó a la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo, al entonces secretario de Seguridad Ciudadana Antonio Hernández Pacheco, así como a otros funcionarios y elementos de la Policía Municipal, además de personal del área de Industria y Comercio.
La activista recordó que presentó la denuncia el 31 de mayo de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, sostuvo que durante más de tres años no obtuvo avances en la investigación.
Relaciona el caso con reciente detención
López Romero explicó que decidió retomar el expediente después de la detención de Antonio Hernández Pacheco, ocurrida el pasado 14 de agosto, por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
Aunque reconoció que el exmando policial enfrenta un proceso distinto, aseguró que “no actuó solo” y sostuvo que las decisiones durante el operativo habrían involucrado a otros servidores públicos.
La activista solicitó que la Fiscalía agote todas las líneas de investigación y determine las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, la FGE no ha emitido una postura sobre la reapertura del expediente, por lo que el caso permanece bajo análisis de la autoridad ministerial.
