– Migrantes de Ecuador, Venezuela y México son el principal blanco de los operativos federales.
José Gallardo / Información Internacional
Entre enero y principios de agosto de 2026, la detención de migrantes en la ciudad y el estado de Nueva York registró un aumento superior al 50 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento es el resultado directo de la «Operación Manzana Podrida», una estrategia implementada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ha intensificado sus redadas sorpresa en vecindarios con alta presencia hispana.
Los datos reunidos por la organización Deportation Data Project revelan que, hasta la primera semana de agosto de este año, los agentes federales arrestaron a 7 mil 466 personas. Para dimensionar la cifra, tan solo de enero a julio se reportaron 7 mil 209 detenciones, lo que representa un salto del 50.5 por ciento frente a los 4 mil 789 arrestos registrados en esos mismos meses de 2025. El ritmo de las capturas se aceleró a partir de mayo, alcanzando en julio un pico de mil 355 operativos exitosos para la agencia.
Nueve de cada diez personas detenidas provienen de América Latina o el Caribe. Tres nacionalidades concentran más del 40 por ciento de los casos: Ecuador (mil 499), Venezuela (783) y México (761). La lista de hispanos detenidos también incluye a ciudadanos de Guatemala, Colombia, Honduras, El Salvador, Perú, Nicaragua y Cuba.
En el fondo, esta ofensiva responde a un desencuentro político. A principios de septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, justificó el despliegue argumentando que la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani se niegan a colaborar con las autoridades federales. Al ser Nueva York una ciudad «santuario», los líderes locales han ordenado a su policía no participar en las acciones de ICE, pues dudan que la agencia busque únicamente a personas con antecedentes penales.
Los hechos respaldan los señalamientos de las autoridades locales. Aunque el gobierno federal sostiene que persigue a criminales, la mayoría de los detenidos no tiene conflictos legales. Al carecer de documentos, enfrentan procesos de deportación aunque lleven décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos. Tras el arresto, los migrantes pasan un promedio de 50 días en cárceles operadas por ICE o empresas privadas, y más del 70 por ciento termina siendo deportado por órdenes de un juez o de forma voluntaria.
Para sortear la falta de apoyo de la policía local, los agentes migratorios han cambiado sus tácticas. Ahora utilizan vehículos particulares rentados para movilizarse de forma encubierta por zonas específicas, como el barrio de Corona en Queens, donde más del 70 por ciento de los habitantes son de origen hispano.
Con estas nuevas estrategias encubiertas y la presión directa de la administración de Donald Trump sobre las ciudades que protegen a los extranjeros, los operativos federales avanzan con firmeza. Mientras la disputa política entre el gobierno federal y los líderes demócratas locales se mantiene, miles de migrantes sin historial delictivo enfrentan una vía rápida hacia la deportación.
