– Coalición de ciudades busca frenar norma que negaría residencias por usar ayudas públicas.
José Gallardo / Información Internacional
La ciudad de Nueva York, en conjunto con otras ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda formal contra la administración de Donald Trump para frenar una nueva política migratoria. La directriz, clasificada como regla de “carga pública” y programada para entrar en vigor el 18 de septiembre, amplía la autoridad de los funcionarios de inmigración para rechazar solicitudes de visas y residencias permanentes a personas que utilicen o puedan necesitar asistencia gubernamental.
El anuncio fue realizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. En su mensaje, explicó que la medida forzaría a miles de personas a tomar una decisión difícil: asegurar su estatus legal en el país o acceder a servicios básicos de salud y alimentación.
Bajo la nueva norma, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) basarán sus decisiones en cinco criterios principales: edad, estado de salud, situación financiera familiar, nivel educativo y habilidades. Si el oficial evalúa estos factores y concluye que el solicitante podría llegar a depender de programas como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o subsidios de vivienda, la solicitud de la tarjeta de residencia o green card podría ser denegada.
Mamdani señaló que esta política aleja a las familias de programas que garantizan su bienestar físico. Además, advirtió que el temor de acudir al médico o solicitar ayuda afectará de forma general a los residentes, incluso a aquellas familias que cumplen con todos los requisitos legales para recibir los beneficios sin ningún tipo de penalización.
La coalición que presentó el recurso ante un Tribunal de Distrito incluye a Chicago, Seattle, San Francisco y los condados de Santa Clara y King. De manera paralela, Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, presentó una impugnación legal independiente con el mismo objetivo de detener la medida.
Brandon Johnson, alcalde de Chicago, también respaldó el proceso judicial mediante un comunicado. Subrayó que su administración protegerá a los más de medio millón de inmigrantes que residen en su ciudad, argumentando que no permitirán que el gobierno federal obligue a las familias a elegir entre llevar a sus hijos al médico y su capacidad para permanecer en Estados Unidos.
El gobierno federal argumenta en la página oficial de USCIS que el objetivo de retomar y aplicar de forma estricta el concepto de «carga pública» es garantizar que los ciudadanos extranjeros en el país sean financieramente autosuficientes, evitando que dependan de recursos financiados por los contribuyentes. Mientras tanto, los gobiernos locales mantienen su avance en los tribunales para evitar que la norma se aplique y afecte los procesos de los solicitantes en curso.
