– Se retiraron documentos a turistas y funcionarios latinoamericanos por faltas a las normas migratorias.
José Gallardo / Información Internacional
El gobierno del presidente Donald Trump ha retirado más de 250 mil visas a ciudadanos extranjeros. Esta cifra fue confirmada por el Departamento de Estado, que justificó la medida como un esfuerzo directo para proteger a la población estadounidense y asegurar que se respeten las leyes del país.
El portavoz de la dependencia, Tommy Pigott, señaló que bajo las indicaciones de Trump y el secretario Marco Rubio, se están revisando los perfiles de los visitantes con mayor rigor. Solamente en los últimos dos meses, las autoridades anularon unas 75 mil visas, cifra que se suma a los 175 mil documentos que ya habían sido cancelados hasta el 10 de agosto.
Los motivos para retirar estos permisos de ingreso son variados, pero responden a violaciones de las condiciones bajo las cuales fueron entregados. Las autoridades detallaron que al menos dos mil 300 mujeres utilizaron sus visados de turista para cruzar la frontera con el único objetivo de dar a luz y obtener la nacionalidad para sus hijos. Ante esta situación, el gobierno advirtió que también castigará quitándole la visa al personal médico extranjero que recomiende o promueva esta práctica, sin importar si viajan o no a los Estados Unidos.
La estricta revisión no se limitó a ciudadanos comunes. Durante esta misma semana, Estados Unidos anuló las visas de diversos funcionarios públicos de gobiernos latinoamericanos aliados a la administración Trump, abarcando a políticos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Además de las faltas por turismo médico, las investigaciones identificaron a personas que cometieron fraudes contra estadounidenses, participaron en delitos, promovieron actos violentos o abusaron de los procesos de inmigración.
Las autoridades dejaron en claro que la emisión de un visado es ahora un tema de seguridad nacional. El Departamento de Estado de Eu informó que mantendrá de forma permanente estas revisiones para frenar la entrada de cualquier extranjero que incumpla los términos de su documento o represente un riesgo para las comunidades del país.
