– Las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos derivaron en revisiones documentales
– Michelle López / Información nacional
Las denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) derivaron en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y diligencias para recabar documentación en distintas oficinas del organismo.

El caso involucró señalamientos sobre contratos y posibles conflictos de interés relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei, expresidenta del instituto, y el contratista Alfredo Hernández Casillas. Las actuaciones ministeriales buscaron reunir elementos para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

El 6 de noviembre, el INE informó que presentó una denuncia ante la FGR por presuntos hechos de corrupción vinculados con contratos de años recientes, incluidos los correspondientes a la elección judicial de 2025 y la producción de credenciales para votar.
Por separado, el Órgano Interno de Control notificó a la Cámara de Diputados la presentación de seis denuncias penales contra servidores públicos, exfuncionarios y empresas. Los señalamientos incluyeron posibles delitos de uso ilícito de atribuciones, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.

Posteriormente, la investigación avanzó hacia la revisión de archivos. El 13 de noviembre, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, confirmó diligencias en las oficinas centrales y en la Torre Zafiro, donde se encuentra la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
La funcionaria explicó que el instituto facilitó el acceso a los expedientes requeridos por la autoridad. Precisó que estas actuaciones correspondían a revisiones documentales y no a cateos.
Además, el medio de comunicación La Jornada dio a conocer el 14 de noviembre que más de 50 personas físicas y morales aparecían señaladas en las denuncias, entre ellas familiares directos de Taddei, Hernández Casillas y empresas productoras de materiales electorales.
De acuerdo con el diario, que citó fuentes de la FGR, los señalamientos formaban parte de 15 indagatorias distribuidas entre las fiscalías especializadas en Delincuencia Organizada, Combate a la Corrupción y Control Regional. Las denuncias procedían de representantes del PRI y del PAN, del órgano de control del INE, de ciudadanos y de la Auditoría Superior de la Federación.





