– Familias denuncian cuotas de hasta 300 mil pesos, golpizas y amenazas contra internos; la CDH acumula 32 quejas durante 2026
– Josél Moctezuma

En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla capital, permanecer privado de la libertad podría representar una condena económica adicional para cientos de internos y sus familias.
Lo que debería ser un espacio bajo control absoluto de las autoridades penitenciarias de Puebla se encuentra en el centro de graves denuncias por presuntos cobros de piso, extorsiones, venta de drogas, comercialización de teléfonos celulares, amenazas, golpizas, tortura; sí pagas hay celdas V.I.P y si no lo haces ganas una de castigo.

Familiares de personas privadas de la libertad (PPL) han denunciado un sistema de cuotas que, según sus testimonios, condiciona la seguridad, la estancia y hasta la posibilidad de acceder a determinados espacios dentro del reclusorio.
La dimensión de las acusaciones es preocupante. Durante las movilizaciones del 10 de noviembre, los inconformes denunciaron exigencias económicas que van de los 20 mil a los 300 mil pesos, dependiendo de las condiciones y la periodicidad de los cobros. Las familias han tenido que vender los electrodomésticos, el automóvil y hasta el terreno para poder pagar las extorsiones que exigen custodios y delincuentes desde dentro del penal de San Miguel.
El señalamiento no solamente apunta a grupos de internos que presuntamente mantienen el control de determinadas áreas, sino también a posibles omisiones, complicidades o actos de corrupción de funcionarios penitenciarios y de alto nivel. Por eso, San Miguel enfrenta una pregunta que las autoridades todavía tienen pendiente responder: ¿quién manda realmente dentro del penal?
El negocio de las cuotas: pagar para no ser golpeado
Los testimonios de familiares dibujan un esquema de cobros que habría convertido la estancia penitenciaria en una carga económica permanente.
Entre las cantidades denunciadas destacan:
• De 7 mil a 8 mil pesos: presuntos cobros para acceder o permanecer en una celda.
• De 50 mil a 60 mil pesos: cantidades que, según testimonios difundidos durante las protestas, se exigirían para poder bajar al patio.
• De 20 mil a 300 mil pesos: exigencias económicas denunciadas por familiares, con periodicidades que van de cobros diarios a semanales.
• De 30 mil a 100 mil pesos: cantidades mencionadas en denuncias relacionadas con pagos para evitar agresiones físicas.
• Cuotas adicionales: presuntos cobros por protección, permanencia en determinadas áreas y acceso a servicios dentro del centro penitenciario.
• Hasta el agua tiene dueño: Te cobran 60 pesos por obtener una cubeta con agua y si necesitas una resistencia para calentarla vale el doble.

Los familiares aseguran que quienes no cumplen con las exigencias económicas enfrentan amenazas, golpes y castigos que muchas veces han terminado en homicidios. En algunos casos, sostienen que reciben llamadas desde el interior del penal para advertirles que sus familiares serán agredidos si no depositan o entregan el dinero solicitado.
También han denunciado la presunta comercialización de teléfonos celulares, bocinas, audífonos, cargadores para dispositivos, drogas, bebidas alcohólicas y hasta mujeres.
No se trata de irregularidades menores: de comprobarse, estaríamos ante una estructura de actividades ilícitas que requiere investigar tanto a quienes ejecutan los cobros como a quienes, desde sus responsabilidades institucionales, permiten que ocurran.
500 mil pesos diarios: la cifra que obliga a investigar
Entre los señalamientos sobre la economía ilegal que presuntamente opera en San Miguel circula una estimación de hasta 500 mil pesos diarios. De confirmarse, representaría una operación económica de aproximadamente 15 millones de pesos mensuales, tomando como referencia 30 días.
La cifra debe ser investigada y contrastada mediante testimonios, registros financieros, depósitos, transferencias y posibles operaciones de prestanombres. Hasta ahora no existe información pública que permita presentarla como una cantidad oficialmente comprobada. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿cuánto dinero circula realmente dentro del penal y quiénes se benefician de esos recursos?

La investigación tendría que identificar a los operadores de las presuntas cuotas, los mecanismos de cobro, las cuentas receptoras y cualquier posible participación de custodios, mandos penitenciarios o funcionarios desde directores, subsecretarios y hasta secretarios de estado.
Porque si existen cobros sistemáticos, amenazas y comercialización de productos prohibidos, no basta con trasladar a dos internos de San Miguel a San Pedro Cholula que es un CERESO con administración municipal. Se necesita desmantelar cualquier estructura que permita mantener esos negocios.
Dormitorio W: las condiciones que exhiben otra cara de San Miguel
A las denuncias por extorsión se sumó la difusión de imágenes del denominado Dormitorio W, un espacio del penal que volvió a colocar las condiciones de internamiento en el centro de la discusión pública.
La activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, difundió un video en el que mostró las condiciones de esa área y denunció situaciones de hacinamiento, aislamiento y falta de acceso a la luz natural. La activista confirmó posteriormente que ella misma realizó la grabación y defendió la autenticidad del material.
El subsecretario de Centros Penitenciarios, David Rivera Jiménez, reconoció la existencia del área W, pero rechazó que sea subterránea o que actualmente funcione como un espacio de castigo para internos que se niegan a pagar extorsiones.
La SSP, por su parte, sostuvo que los videos difundidos corresponden a fechas anteriores y que no representan las condiciones actuales del centro penitenciario. Sin embargo, las explicaciones oficiales no han disipado todas las interrogantes y denuncias que se han exhibido en redes sociales y noticiarios locales, nacionales e internacionales.
La autoridad debe aclarar cuál es el uso actual del Dormitorio W, quiénes permanecen ahí, bajo qué protocolos son recluidos y cuáles son las condiciones de iluminación, ventilación, higiene y acceso a servicios médicos.
También debe esclarecer si existieron castigos físicos, aislamiento indebido o represalias contra quienes se negaron a pagar cuotas.
La discusión no puede reducirse a determinar cuándo se grabó un video. Lo verdaderamente importante es garantizar que ninguna persona privada de la libertad sea sometida a condiciones contrarias a sus derechos humanos.
Funcionarios bajo señalamientos

Durante las movilizaciones, familiares también exigieron investigar al director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, y al subsecretario de Centros Penitenciarios, David Rivera Jiménez. Asimismo, en las denuncias difundidas inicialmente se mencionó al juez de Oralidad Salvador Hernández Martínez, a quien los inconformes atribuyeron presuntas irregularidades.
Estos señalamientos deben ser investigados por las instancias competentes. Hasta ahora, no existe en la información pública consultada una resolución que acredite responsabilidad penal de los funcionarios mencionados.
La investigación debe determinar si existieron omisiones, complicidades, beneficios económicos o intervención de servidores públicos en las actividades denunciadas.
Ocho bloqueos para exigir respuestas

El 10 de noviembre, familiares de internos realizaron bloqueos simultáneos en ocho puntos de Puebla capital y la zona metropolitana.
Las movilizaciones afectaron vialidades como:
• Periférico Ecológico, a la altura del C5.
• Caseta de la Vía Atlixcáyotl.
• Autopista México-Puebla, en San Miguel Xoxtla.
• Casa Aguayo.
• Avenida Reforma y 11 Sur.
• Avenida Reforma y 3 Sur.
• Camino al Batán.
• Inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Los manifestantes exigieron la destitución del director del penal, el traslado de internos señalados por presuntas actividades ilícitas y el fin de los cobros ilegales.
¿Quién administra realmente San Miguel: las autoridades penitenciarias o un grupo delictivo?





