**Hasta ahora van 11 funcionarios imputados por la falsificación de documentos dados a una autoridad**

**Policías, ex síndico y ex juez calificador señalados como responsables de los delitos**
**Uniformados municipales sometieron a las víctimas a violencia psicológica, física y sexual**
Redacción
Izúcar de Matamoros, Pue.
Ados años de la detención arbitraria y tortura de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, el caso sigue siendo un símbolo de lucha contra la impunidad en Puebla. A pesar de las pruebas contundentes, el proceso ha enfrentado múltiples retrasos y amenazas contra las víctimas y testigos.
Este caso, que involucra a 11 policías municipales y ex funcionarios de Izúcar de Matamoros, expone una red de abuso de autoridad, tortura y encubrimiento que, hasta la fecha, sigue sin resolverse completamente. Además, la ex alcaldesa Irene Olea Torres, fue señalada como la autora intelectual de los hechos, pero no ha sido imputada ni procesada.


A continuación, una cronología detallada de los avances y obstáculos en la búsqueda de justicia
10 de marzo de 2023: La detención y tortura
La noche del 10 de marzo de 2023, Natalie y Michelle Hoyos López fueron interceptadas y detenidas arbitrariamente por una docena de policías municipales. Las periodistas cubrían actividades feministas posteriores al 8M, cuando notaron que una patrulla las seguía; momentos después llegaron moto patrullas y patrullas municipales.
Tras detenerlas sin motivo ni lectura de derechos, los agentes las golpearon, esposaron y trasladaron a la sub Comandancia municipal, ubicada en la colonia Rancho Juanitos. En ese lugar, fueron sometidas a tortura física, psicológica y sexual. Se les obligó a desnudarse, fueron sometidas a revisiones degradantes y sufrieron tocamientos lasivos.
Las dos permanecieron desaparecidas por seis horas, sin que sus nombres aparecieran en el Registro Nacional de Detenciones. Durante ese tiempo, fueron amenazadas de muerte y se les advirtió que su caso estaba “ordenado por la jefa”, en referencia a Irene Olea Torres, entonces presidenta municipal de Izúcar de Matamoros.
Marzo – abril de 2023: Denuncias y encubrimiento
Tras su liberación, las hermanas Hoyos denunciaron públicamente y ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) los actos de tortura y abuso policial.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros intentó encubrir los hechos. Funcionarios falsificaron documentos oficiales para justificar la detención, manipulando informes policiales y videos de seguridad.
Además, se reveló que el juez calificador Jesús “V” no contaba con cédula profesional, lo que configuraba el delito de usurpación de funciones.
11 de mayo de 2024: Primera vinculación a proceso
Tras un año de lucha, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de 11 funcionarios municipales, incluyendo al ex síndico Omar “N”, el ex director de Seguridad Pública Marco Antonio “N”, así como cinco policías, el juez calificador y varios asesores jurídicos.
El delito principal por el que fueron vinculados fue falsedad de informes dados a una autoridad, debido a la alteración de documentos oficiales para encubrir la detención y tortura.
20 de junio de 2024: Privan de la vida a Socorro Barrera
La impunidad cobró una nueva víctima el 20 de junio de 2024, cuando María del Socorro Barrera Sánchez, testigo en ese entonces de identidad reservada en el caso, fue asesinada.
Barrera, exfuncionaria municipal, había declarado sobre la orden directa de detener y torturar a las periodistas, señalando a mandos superiores y a la ex alcaldesa Irene Olea Torres. Su asesinato sigue impune y hasta la fecha no hay detenidos ni avances en la investigación, sin embargo, nos recuerda la mujer valiente que era.
17 de julio de 2024: Segunda vinculación a proceso por tortura y abuso de autoridad
Después de más de un año de litigio, el 17 de julio de 2024, la jueza Lidia Alonso Sánchez vinculó a proceso a cinco policías municipales y al juez calificador Jesús “V” por los delitos de tortura y abuso de autoridad, contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.
Durante una audiencia de 15 horas, la jueza validó 103 pruebas presentadas por la FEADLE, confirmando la existencia de tortura física y psicológica.
No obstante, a pesar de la gravedad de los delitos, no se les impusieron medidas cautelares como prisión preventiva o suspensión del cargo, lo que permitió que los imputados continuaran en funciones.
13 de diciembre de 2024: Unificación de causas penales
Tras meses de audiencias diferidas, el 13 de diciembre se logró la unificación de las dos causas penales del caso. Esta decisión fue clave para evitar la revictimización de Natalie y Michelle Hoyos, así como de otras víctimas y testigos.
La fusión de los procesos facilitó la exposición de pruebas de tortura y falsificación de documentos en un solo juicio, agilizando el camino hacia la justicia.
3 de marzo de 2025: Recordar la lucha
El pasado 3 de marzo de 2025, se tenía prevista una audiencia en la que los imputados buscaban suspender el proceso por falsificación de documentos. Sin embargo, la audiencia fue pospuesta debido a un cambio de defensa, por parte de los acusados.
Las periodistas y activistas denunciaron que esta táctica solo busca dilatar el proceso y desgastar a las víctimas. Se espera que la audiencia se reanude en abril de 2025.
Cabe mencionar que durante ese día, colectivas feministas, activistas y amigos de las víctimas acudieron a conmemorar los dos años, en donde expresaron todo lo que han enfrentado y solicitando “todo el peso de la ley” para sus agresores.
El caso de las hermanas Hoyos López, marca un precedente para el periodismo en Puebla, evidenciando la persecución y violencia institucional contra quienes ejercen la libertad de expresión.
Si bien los imputados han sido vinculados a proceso, el acceso a la justicia sigue incompleto. Hasta la fecha, todos los responsables ya enfrentan cargos por diversos delitos y tienen medidas cautelares, pero siguen en libertad.

