-Iniciativa busca castigar ofertas laborales falsas con hasta una década de prisión
El Congreso de Puebla analiza una reforma al Código Penal para imponer hasta 10 años de cárcel a quienes publiquen ofertas laborales falsas en plataformas digitales con el fin de cometer trata de personas o sextorsión. La propuesta, impulsada por la diputada panista Celia Bonaga, responde al incremento de delitos vinculados al engaño cibernético, donde víctimas son contactadas mediante anuncios fraudulentos que derivan en explotación, abuso sexual o extorsión.
La iniciativa plantea modificar los artículos 211 y 213 del Código Penal estatal para tipificar como delito la difusión de anuncios laborales o promesas económicas falsas en internet, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Quienes incurran en estas prácticas con la intención de facilitar la trata de personas —o cualquier otro delito— enfrentarían penas de seis a 10 años de prisión y multas de entre 300 y 900 unidades de medida de actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 35,000 a 105,000 pesos.
Bonaga destacó que el 35% de los casos de trata en México, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), inician con ofertas engañosas en portales de empleo. “Estos mecanismos digitales son usados como carnada para captar a víctimas, especialmente mujeres y jóvenes, bajo promesas de oportunidades económicas”, afirmó. Además, la reforma obligaría a plataformas digitales a verificar y supervisar las ofertas publicadas, con el objetivo de reducir espacios para la impunidad.
El proyecto legislativo surge tras el reciente caso de una joven poblana que, tras responder a una vacante laboral publicada en redes sociales, fue agredida sexualmente por sus presuntos empleadores. Los victimarios no solo abusaron de ella, sino que grabaron las agresiones para extorsionarla después, un patrón recurrente en delitos de sextorsión.
La propuesta ha generado debates sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la prevención de crímenes. Mientras organizaciones civiles aplauden el enfoque punitivo, expertos en derechos digitales exigen mecanismos claros para la verificación de anuncios sin vulnerar libertades en línea. De aprobarse, Puebla se convertiría en una de las primeras entidades en alinear su legislación con los riesgos de la era digital, marcando un precedente para combatir la explotación encubierta tras una pantalla.
