Extranjeros compran propiedades frente al mar en México y buscan cerrar el paso a las playas, a pesar de que es completamente ilegal.
En diversas playas en México, se han reportado casos donde extranjeros, tras adquirir propiedades cercanas al mar, intentan restringir el acceso a las playas, alegando tener derechos de la propiedad que no les corresponden.
Esta situación ha generado preocupación entre las comunidades locales y defensoras del acceso libre a las playas.
¿Es legal que los extranjeros privaticen playas en México?
En México, las playas son consideradas bienes nacionales de uso público, según la Ley General de Bienes Nacionales.
Esto significa que no pueden ser privatizadas ni restringir el acceso a los ciudadanos. Recientemente, en la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado a respetar el acceso público a las playas. Por otro lado, se han registrado casos en los que extranjeros han intentado apropiarse de estos espacios.
Casos recientes de privatización ilegal
Recientemente, se reportó que una mujer extranjera intentó instalar postes en la playa El Tomatal para restringir el acceso. A pesar de que la acción fue considerada ilegal, la persona insistió en mantener los obstáculos.
Este incidente se suma a otros casos similares en diversas playas del país.:
- Chelem, Yucatán:
Extranjeros han cerrado accesos a la playa, asegurando contar con permisos municipales. Esto ha provocado la privatización de espacios públicos, afectando a locales y turistas.
- Cancún, Quintana Roo:
Residentes denuncian que concesiones y permisos han limitado el acceso a playas públicas, dejando solo dos arenales disponibles para la comunidad.
Hoteles y clubes de playa han cercado zonas federales, impidiendo el libre tránsito de visitantes y afectando la imagen del destino.
Reacción de las autoridades mexicanas
El gobierno mexicano ha tomado medidas para garantizar el libre acceso a las playas. En 2020, se publicó un decreto que establece que el acceso a las playas no puede ser inhibido, restringido ni condicionado.
En 2025, se han reforzado estas disposiciones legales. El artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales establece sanciones que van desde tres mil hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para quienes obstaculicen el acceso a las playas.
Estas multas pueden superar el millón de pesos. Además, en caso de reincidencia, se contempla la revocación de concesiones, permisos o autorizaciones.
El gobierno ha reiterado que las playas son bienes nacionales de uso público y que cualquier intento de privatización es ilegal.
Se han implementado medidas para garantizar el acceso público, incluyendo la obligación de propietarios de terrenos colindantes de permitir el paso hacia la zona federal marítimo terrestre.
Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno mexicano en proteger el derecho de todos los ciudadanos al libre acceso y disfrute de las playas del país.
