Abraham Onofre / San Jerónimo Xayacatlán
Habitantes de San Jerónimo Xayacatlán exigen la intervención del Gobierno del Estado tras denunciar al Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Johan Alberto Muñoz, por su presunta responsabilidad en daños ambientales graves en el municipio. De acuerdo con información de los pobladores, los hechos están relacionados con la descarga diaria de aguas residuales en el río local, considerado el principal pulmón de la región.
Según las quejas, las autoridades municipales permiten que el drenaje fluya directamente hacia el cauce, afectando los mantos acuíferos que alimentan el sistema de agua potable de la población. La constante preocupación de la ciudadanía por el mal olor y la contaminación ha derivado en una denuncia pública que hoy busca la atención de las autoridades estatales.
Las denuncias señalan que el Ayuntamiento también ha utilizado laderas y cerros para el vertido de toneladas de basura a cielo abierto. Una vez acumulados los desechos, el personal municipal presuntamente les prende fuego, lo que genera grandes cantidades de humo tóxico y la dispersión de lixiviados, líquidos oscuros y contaminantes que se filtran al subsuelo.

El caso ha generado una intensa preocupación social. Mientras ambientalistas advierten sobre la posible presencia de metales pesados y amonio en el agua, diversos sectores de la sociedad han manifestado su indignación ante lo que consideran un acto de impunidad por parte del edil, quien además es señalado de lucrar con material pétreo del río.
Los ciudadanos confirmaron que han solicitado formalmente la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier. Debido a la gravedad del daño ecológico y al riesgo para la salud pública, las sanciones contempladas por las leyes ambientales podrían derivar en multas severas y responsabilidades legales para los funcionarios involucrados.
El proceso de denuncia continúa en curso. Los pobladores mantienen la exigencia de que se realicen las inspecciones correspondientes para integrar el expediente y definir la situación legal de las autoridades municipales, mientras se establecen medidas urgentes para frenar la contaminación.





