**Esta acción perjudicará a cientos de familias mexicanas residentes en la Unión Americana, y a su vez, a la economía de nuestro país**
**Con este impuesto, el Gobierno de Estados Unidos podría recaudar alrededor de 2 mil 266 millones de dólares al año**
Michelle López
Información internacional.
El pasado jueves 22 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un polémico proyecto de ley que incluye, entre otros puntos, la imposición de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por residentes extranjeros a sus países de origen. Esta decisión, impulsada por Donald Trump como parte de un megaproyecto fiscal, aún debe ser debatida en el Senado, pero ya ha generado gran preocupación entre la comunidad migrante y expertos en economía.
¿Qué es este nuevo impuesto y cómo afecta a los migrantes?
El impuesto aprobado afectará a más de 40 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo inmigrantes indocumentados, residentes legales permanentes (con Green Card) y personas con visas temporales. A partir de su entrada en vigor, si es aprobada también por el Senado, cada vez que un migrante envíe dinero a su familia en el extranjero, se le descontará un 3.5% del monto total.
Por poner un ejemplo: si alguien envía 500 dólares a México, deberá pagar 17.50 dólares solo en este nuevo impuesto, sin contar otras comisiones bancarias o de empresas de envío de dinero, como Western Unión o MoneyGram. Esto significa que las familias en México recibirán menos dinero para cubrir necesidades básicas, como comida, salud, educación o vivienda.
Impacto en México: una economía dependiente de las remesas
México es el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, después de la India. Tan solo en el año 2023, las divisas enviadas desde Estados Unidos, representaron más de 60 mil millones de dólares, lo cual superó incluso los ingresos por turismo y petróleo.
Los estados más dependientes de este flujo de dinero son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca. En muchos hogares, las remesas representan el ingreso principal o único. Con este impuesto, se estima que el gobierno estadounidense podría recaudar hasta 2 mil 266 millones de dólares al año, pero ese dinero saldrá directamente del bolsillo de los migrantes mexicanos y centroamericanos.
Diagnóstico a futuro: incertidumbre para millones
El futuro de este gravamen depende ahora del Senado de Estados Unidos, donde la mayoría republicana podría aprobarlo antes del próximo 4 de julio, como ha solicitado Donald Trump. De ser así, entraría en vigor en los meses siguientes.
Para los migrantes, esto representa una carga económica adicional, pero también un mensaje político preocupante, ya que el proyecto está ligado a recortes en programas sociales como Medicaid y asistencia alimentaria, que también afectan a comunidades latinas.
Para México, el impacto podría traducirse en una reducción del flujo de remesas, menor consumo en zonas rurales, incremento en la pobreza, y una presión adicional sobre programas sociales estatales y federales.
¿Por qué se impone este impuesto ahora?
El impuesto a las remesas forma parte de un ambicioso paquete fiscal promovido por Donald Trump, conocido como “el gran y hermoso proyecto de ley”, que busca extender sus exenciones fiscales y reforzar su agenda migratoria. Para compensar el aumento del déficit fiscal proyectado en 2.4 billones de dólares en los próximos 10 años, el plan propone recortar programas sociales y generar ingresos adicionales, mediante medidas como el impuesto a las remesas.
Trump y sus aliados defienden la iniciativa, afirmando que es una forma de hacer que quienes “envían dinero al extranjero” contribuyan con el país donde trabajan. Sin embargo, críticos argumentan que esta medida criminaliza el apoyo familiar y castiga injustamente a comunidades trabajadoras, que ya de por sí enfrentan barreras económicas y legales.
¿Cómo se compara con otros países?
Estados Unidos no es el primero en intentar gravar las remesas. Países como El Salvador y Filipinas han debatido propuestas similares, pero con reacciones adversas que han frenado su implementación.
En general, los organismos internacionales como el Banco Mundial y la ONU, desaconsejan este tipo de impuestos, ya que impactan directamente en el desarrollo de comunidades vulnerables y pueden fomentar el uso de canales informales o ilegales para enviar dinero, lo que reduce la seguridad financiera y fiscal.
