**Expertos advierten violación a derechos humanos**
**La decisión de la Corte Suprema permitirá que, en 30 días, se implemente una orden ejecutiva que restringe el derecho a la nacionalidad por nacimiento en territorios gobernados por el Partido Republicano**
Michelle López
Información internacional.
En una controvertida decisión judicial, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló por seis votos contra tres, una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que niega la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.
La medida se aplicará en 28 estados gobernados por republicanos, incluidos Texas y Florida, y entrará en vigor en un plazo de 30 días.
Aunque el fallo no determina todavía si esta orden es constitucional, sí permite su aplicación parcial mientras se dirime el fondo del caso en octubre próximo. El gobierno federal y sus aliados celebraron el resultado, que consideraron una victoria legal que refuerza las facultades presidenciales frente a los tribunales inferiores.
Por su parte, organizaciones civiles, académicos y funcionarios de oposición, han expresado profunda preocupación por el impacto que esta medida tendrá en los derechos de millones de familias migrantes.
¿Qué implica esta decisión?
En la práctica, la resolución abre la puerta para que los estados republicanos dejen de reconocer como ciudadanos estadounidenses a niños nacidos en su territorio, de padres sin documentos migratorios. Esto marca un giro en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que desde 1868 garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos del país”.
Según datos del “Centro de Investigaciones Pew”, en el año 2022 nacieron aproximadamente 1.2 millones de bebés de padres indocumentados en territorio estadounidense. La decisión podría dejar a estos menores en situación de “apatridia”, es decir, sin nacionalidad reconocida, lo cual representa una grave vulneración de derechos humanos, de acuerdo con el Derecho Internacional.
Reacciones y consecuencias
Donald Trump celebró el fallo en redes sociales como una “gran victoria”, afirmando que esta medida acabará con el “fraude” de la ciudadanía por nacimiento, una figura que, en sus palabras, “fue pensada para los hijos de esclavos, no para inmigrantes ilegales”.
En contraste, la jueza Sonia Sotomayor emitió una opinión disidente, en la que calificó la resolución como “una invitación abierta para que el gobierno eluda la Constitución”. A su vez, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, señaló que se trata de “un revés profundo y decepcionante”, que pone en riesgo la seguridad jurídica y la vida de miles de familias.
Expertos como Margo Schlanger, profesora de Derecho en la Universidad de Michigan, advirtieron que el fallo debilita el equilibrio de poderes, al limitar la capacidad de los tribunales inferiores para bloquear decisiones del Ejecutivo. En su opinión, la Corte Suprema se está posicionando como el único contrapeso posible, ante acciones presidenciales que pueden ir en contra del orden constitucional.
Una amenaza a los derechos fundamentales
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta medida contraviene tratados internacionales, como la “Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que establecen el derecho a una nacionalidad desde el nacimiento. Además, alertan que la implementación de esta política generará mayor discriminación, inseguridad jurídica, exclusión social y podría provocar un incremento en la pobreza infantil.
La negación de ciudadanía por nacimiento, vulnera principios fundamentales del derecho internacional y del propio sistema constitucional estadounidense, que históricamente ha considerado la nacionalidad como un derecho adquirido al nacer, independientemente del estatus migratorio de los padres.
Mientras tanto, el escenario legal aún no está cerrado. La decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva será tomada en la próxima sesión de la Corte, prevista para octubre. Sin embargo, a partir de julio, la vida de cientos de miles de niños podría verse marcada por la incertidumbre legal, y el despojo de sus derechos fundamentales.
