Redacción / Información nacional.
El pasado domingo 1 de junio, México vivió un hecho inédito al realizar su primera elección judicial por voto popular, en la que se eligieron más de 2,600 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces federales.
Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una escasa participación ciudadana, estimada entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
A pesar de la baja afluencia, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la elección como un “éxito histórico”, destacando que cerca de 13 millones de mexicanos ejercieron su derecho al voto. La mandataria comparó esta cifra con los resultados obtenidos por partidos de oposición en comicios anteriores, argumentando que la participación superó la de consultas populares previas.
No obstante, diversos analistas y organizaciones civiles expresaron preocupación por el bajo nivel de participación y cuestionaron la legitimidad del proceso. Señalaron que la complejidad de la elección, con más de 7,800 candidatos y nueve boletas distintas, sumada a la falta de información clara y campañas de difusión, contribuyó al desinterés ciudadano.
La oposición política también criticó la elección, calificándola de “farsa” y advirtiendo sobre posibles riesgos para la independencia judicial. Argumentaron que la elección podría ser un intento del partido en el poder, Morena, de consolidar su influencia sobre el Poder Judicial.
A medida que avanzan los cómputos distritales, se espera que los resultados finales se publiquen el 12 de junio. Mientras tanto, el país enfrenta un debate sobre el futuro de su sistema judicial y la necesidad de fomentar una mayor participación ciudadana en procesos democráticos clave.
