Hablemos de migración
José Placido Jiménez Amigón
Los rostros más crudos de la política migratoria bajo la administración de Donald Trump: la detención como herramienta de castigo, control y disuasión, son consecuencias mortales para las personas migrantes. Partimos de la exigencia urgente de organizaciones civiles, para ser el cierre inmediato del centro de detención “Camp East Montana”, en For Bliss, Texas, personas migrantes de varios países han muerto bajo custodia del ICE, en apenas 44 días.
Analizamos los señalamientos de abuso, negligencia, encubrimiento y amenazas de deportación a testigos claves, así como el símbolo brutal de un centro, levantado en un sitio históricamente usado como campo de internamiento.
A este panorama se suman los operativos intensivos de ICE y CBP en el sur de california, donde vendedores ambulantes, jornaleros, trabajadores textiles y personas sin hogar, han sido perseguidos, detenidos y criminalizados, incluso en posibles violaciones a leyes estatales y derechos humanos internacional, que les prohíben el uso de mascarillas por agentes federales.
Existe un hecho especialmente grave: arrestos de la patrulla fronteriza en las inmediaciones del consulado de Guatemala en los Ángeles, un espacio que debería gozar de protección y garantías diplomáticas.
Este operativo sembró miedo, y sigue sembrando miedo entre la comunidad guatemalteca; lo mismo pasa en el consulado general de México en el famoso parque “Mac Arthur”, en la misma ciudad de los Ángeles, y esto pone en riesgo el acceso a tramites consulares, atención médica y documentación básica.
Desde una mirada analítica con posicionamiento claro, este episodio conecta estos hechos con una lógica más amplia: cuotas de arrestos, perfilamiento racial, uso del miedo como política pública y una estrategia que busca invisibilizar, aislar y desgastar a las comunidades migrantes.
La comunidad mexicana que radica en los EU así como Centro y Sudamérica, estamos ante un acceso aislado, frente a un sistema que normaliza la violencia institucional, donde la detención sustituye a la política migratoria, y la vida de las personas se vuelve prescindible.
En estos centros de detención antes mencionados, hay personas de nuestro país México, que violan sus derechos humanos, a no dar a conocer nombre y nacionalidad, ni estado donde tienen familiares radicados en su lugar de origen.
